La mañana del 20 de marzo, dos costarricenses subieron esposados a un avión de la DEA: el exmagistrado y exministro de Seguridad Celso Gamboa y el capo Edwin “Pecho de Rata” López Vega. Los agentes de la Oficina de Investigaciones Judiciales los trasladaron al aeropuerto donde abordaron un vuelo hacia Guatemala y luego a Texas. El gobierno informó que se trata de la primera vez que el país extradita a sus nacionales tras la reciente reforma legal.
Gamboa había ostentado puestos en la Corte Suprema y en la Fiscalía, pero según las autoridades dirigía una red de narcotráfico. Su captura y extradición marcan un precedente: ningún cargo público otorga impunidad. López, conocido por controlar el tráfico en la provincia de Limón, también enfrenta cargos federales en Estados Unidos.
México vivió un episodio similar en febrero de 2025, cuando el gobierno entregó de forma exprés a 29 presuntos capos al gobierno de Donald Trump. Un reportaje de Reuters señala que expertos jurídicos denunciaron que la transferencia violó tratados y procedimientos: se enviaron a los acusados, entre ellos Rafael Caro Quintero y los hermanos Treviño, sin garantías contra la pena de muerte. La medida buscaba evitar aranceles de 25 % a las exportaciones mexicanas y mostrar cooperación contra el narcotráfico.
En Costa Rica, la extradición cumple la ley y refuerza la confianza en el sistema judicial, mientras en México la vía rápida encendió alertas sobre el respeto a los derechos. Económicamente, ambos países buscan proteger sus relaciones comerciales con Estados Unidos: Costa Rica salvaguarda su imagen de destino turístico y financiero, mientras México quiso evitar nuevas sanciones comerciales. El mensaje es claro: la estabilidad económica depende de mostrar mano dura contra el crimen organizado, pero sin sacrificar el Estado de derecho.

Para un país pequeño como Costa Rica, la credibilidad internacional es vital. Al extraditar a un exministro, se envía una señal de cero tolerancia al narco y se evita convertir al país en refugio de capos. Sin embargo, es necesario reforzar los controles fronterizos y la lucha contra la corrupción para que estos gestos no se queden en hechos aislados.

La experiencia mexicana demuestra que atajos judiciales pueden erosionar la confianza interna y exponer a inocentes a abusos. Costa Rica debe mantener la transparencia en sus procesos y usar la extradición como un elemento de cooperación, no como moneda de cambio. Una justicia eficiente fortalece la economía al atraer inversión y turismo de calidad.