El 23 de marzo de 1933, el Reichstag aprobó la llamada Ley Habilitante, una norma que permitió al gobierno de Adolf Hitler legislar sin control parlamentario. La decisión, tomada en un contexto de crisis política y social, significó un punto de inflexión en la historia alemana al desmantelar los mecanismos democráticos desde dentro del propio sistema.
La votación tuvo lugar pocas semanas después del incendio del Reichstag, un evento que el régimen utilizó para justificar medidas de excepción. Con la oposición debilitada y numerosos dirigentes comunistas detenidos, el parlamento se reunió en un clima de fuerte presión política e intimidación por parte de las fuerzas nazis.
La Ley Habilitante otorgó al Ejecutivo la capacidad de dictar leyes sin necesidad de aprobación parlamentaria e incluso de modificar la Constitución. En la práctica, esto eliminó la separación de poderes y concentró la autoridad en manos de Hitler, quien pasó a gobernar mediante decretos.
El respaldo a la ley fue amplio entre los partidos conservadores y nacionalistas, que vieron en Hitler una figura capaz de restaurar el orden. Solo los socialdemócratas votaron en contra, en uno de los últimos actos de resistencia institucional dentro del sistema republicano.

Las consecuencias fueron inmediatas. En los meses siguientes, el régimen nazi prohibió partidos políticos, suprimió libertades civiles y consolidó un Estado totalitario. El Reichstag quedó reducido a una institución simbólica sin capacidad real de control.

Aunque formalmente aprobada por vías legales, la Ley Habilitante es considerada uno de los ejemplos más claros de cómo una democracia puede ser desmantelada desde su propio marco jurídico. El episodio revela la fragilidad de las instituciones cuando se combinan crisis, miedo y concentración de poder, y se mantiene como una advertencia histórica sobre los límites de la legalidad sin controles efectivos.