El 23 de marzo de 1994, durante un acto de campaña en Lomas Taurinas, Tijuana, el candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, fue asesinado a tiros en medio de una multitud. El ataque, ocurrido a plena luz del día, sorprendió a un país que no estaba acostumbrado a la violencia política de esa magnitud y dejó en evidencia fallas en el dispositivo de seguridad.
Colosio fue trasladado de urgencia a un hospital tras recibir impactos de bala en la cabeza y el abdomen, pero murió horas después. El crimen ocurrió en un momento clave del calendario electoral y alteró de inmediato el rumbo de la contienda presidencial, abriendo un escenario de incertidumbre política.
En el lugar fue detenido Mario Aburto Martínez, señalado como autor material del asesinato. La versión oficial sostuvo que actuó solo, pero desde el inicio surgieron inconsistencias en testimonios, peritajes y reconstrucciones del hecho, lo que alimentó teorías alternativas sobre la posibilidad de un complot.
El contexto político intensificó las sospechas. Colosio representaba una figura de renovación dentro del PRI y había pronunciado semanas antes un discurso crítico sobre la desigualdad y la falta de democracia. Para algunos analistas, su asesinato no puede entenderse al margen de las tensiones internas del sistema político mexicano.
El magnicidio provocó una crisis institucional profunda y marcó un punto de inflexión en la historia reciente de México. La percepción de estabilidad del régimen se vio erosionada, y el caso instaló una narrativa persistente de desconfianza hacia las instituciones encargadas de investigar y garantizar justicia.

A más de tres décadas del crimen, el asesinato de Colosio continúa siendo objeto de debate. Más allá de las conclusiones judiciales, el episodio se consolidó como un símbolo de las fragilidades del sistema político y de los límites de la transparencia en contextos de poder concentrado.