25/03/2026 - Edición Nº1142

Política

Vuelos, facturas y problemas

Adorni y un vuelo privado a Punta del Este que ya llegó a Comodoro Py

21/03/2026 | Nuevos documentos sobre el viaje a Punta del Este y el rol del periodista Marcelo Grandio, exponen al Jefe de Gabinete de Milei ante la Justicia.



Lo que comenzó como la filtración de un video terminó convirtiéndose en uno de los episodios más incómodos para el gobierno de Javier Milei. El viaje del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a Punta del Este en un avión privado junto con su familia durante febrero dejó de ser una cuestión personal para transformarse en un caso con derivaciones judiciales, denuncias políticas y una secuencia de hechos que, lejos de aclararse, se vuelve cada vez más compleja.

La clave del caso ya no está solo en el traslado en sí, sino en la reconstrucción de cómo se pagó ese viaje y, sobre todo, en el momento en que comenzaron a aparecer las facturas.

La cronología que complica

La reconstrucción del circuito permite ordenar los hechos con mayor precisión. El vuelo de ida se realizó en torno al 12 de febrero de 2026 y fue facturado por la empresa operadora de la aeronave, Alpha Centauri, a nombre de la productora Imhouse, propiedad del periodista Marcelo Grandio, amigo personal de Adorni, quien tiene programación dentro de la grilla de la TV Pública. El costo de ese tramo fue de 4.830 dólares.

Días antes, el 9 de febrero, un broker aeronáutico —a través de la firma Jag Aviation— había adquirido un paquete de vuelos por 42.250 dólares, dentro del cual estaría incluido el regreso.

El punto más delicado aparece con el vuelo de vuelta, realizado el 17 de febrero. La factura correspondiente no fue emitida en ese momento, sino el 9 de marzo, exactamente el mismo día en que el escándalo tomó estado público. El monto en ese caso fue de 3.000 dólares y también quedó a nombre de Grandio.

Esa secuencia es la que hoy concentra la atención judicial. Porque el dato más sensible no es solo quién pagó el viaje, sino cuándo se documentó ese pago.

Un vínculo que abre interrogantes

El rol de Marcelo Grandio es central en toda la trama. No solo aparece como quien habría abonado ambos tramos del vuelo, sino que además mantiene una relación personal con Adorni y, al mismo tiempo, vínculos comerciales con el Estado a través de su participación en contenidos de la TV Pública.

Ese cruce es el que transforma el caso en un problema político de mayor escala. Si se confirma que un empresario con intereses en el Estado financió un viaje de un funcionario de alto rango, el hecho podría encuadrarse en figuras penales vinculadas a dádivas o cohecho.

Las explicaciones brindadas hasta ahora no lograron disipar las dudas. Grandio ofreció versiones contradictorias sobre quién pagó el viaje, mientras que Adorni sostuvo que se trató de un gasto familiar financiado con recursos propios, aunque sin presentar documentación que lo respalde.

Denuncias y presión política

El caso rápidamente escaló al plano político. La diputada Marcela Pagano fue una de las primeras en poner el foco en la gravedad del episodio, al advertir sobre el vínculo entre el funcionario y un empresario con presencia en la estructura estatal. En su planteo, el problema excede el viaje y se instala en la lógica de relaciones entre funcionarios y proveedores.

En la misma línea, distintas voces del ámbito político y mediático comenzaron a cuestionar la falta de explicaciones claras y a advertir sobre el impacto institucional del caso. Entre ellas, el periodista Nicolás Wiñazki y analistas que siguieron el tema señalaron la inconsistencia de las versiones oficiales y la necesidad de transparentar la operatoria.

En paralelo, legisladores de la oposición impulsaron denuncias judiciales que ya dieron lugar a al menos tres expedientes en Comodoro Py. La investigación busca determinar si existió un beneficio indebido hacia un funcionario público y si hubo algún tipo de contraprestación vinculada a su función.

La trama detrás del vuelo

La operatoria aérea aporta elementos clave para entender el caso. El avión utilizado pertenece a la empresa Alpha Centauri, mientras que la intermediación fue realizada por Jag Aviation, un broker que comercializa vuelos privados.

En ese esquema aparece la figura del piloto y operador Agustín Issin, quien participó en la facturación y en la comercialización del servicio. El circuito, habitual dentro del mercado aeronáutico, no es en sí mismo irregular. Pero en este caso queda bajo análisis por el contexto y los vínculos entre los involucrados.

Incluso el video que registró la salida del vuelo desde el aeropuerto de San Fernando refuerza la trazabilidad del viaje y permite ubicar a los actores dentro de la operatoria.

Un golpe al discurso oficial

El impacto del caso no se limita al plano judicial. Golpea directamente en el corazón del relato del gobierno de Javier Milei, que construyó su identidad política sobre la crítica a los privilegios de la dirigencia y la promesa de transparencia.

La imagen de un funcionario viajando en un avión privado, con facturación a nombre de un empresario vinculado al Estado y explicaciones contradictorias, tensiona ese discurso y abre un flanco político complejo.

En ese contexto, el caso Adorni comienza a ser leído como un test sobre la coherencia del oficialismo entre lo que predica y lo que hace.

Un caso abierto

Lejos de cerrarse, el escándalo sigue creciendo. La aparición de nuevas facturas, el desfase en las fechas y la falta de comprobantes que respalden las versiones oficiales mantienen el caso en una zona de incertidumbre.

En política, muchas veces los escándalos no se definen por su origen, sino por su evolución. Y en este caso, cada nuevo dato no ordena la historia: la vuelve más incómoda.

Porque, al final, la pregunta sigue sin respuesta clara.

Quién pagó realmente el viaje de Manuel Adorni y su esposa Bettina Angeletti.

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