Legislatura bonaerense
21/03/2026 - Edición Nº1138
Política
Derechos y política criminal
Celulares en cárceles: entre el “call center del delito” y el debate por los derechos
21/03/2026 | Prohibir celulares en cárceles reabre el debate: seguridad vs. derechos. Estafas desde prisión, un proyecto en marcha y una discusión de fondo.
El uso de celulares en las cárceles vuelve al centro del debate
El uso de teléfonos celulares en cárceles bonaerenses volvió al centro de la agenda política tras la presentación de un proyecto impulsado por un diputado de La Libertad Avanza que propone prohibir de manera total la tenencia y uso de dispositivos con conectividad dentro de las unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense.
La iniciativa, conocida como “Ley Rodrigo”, surge en un contexto de creciente preocupación por delitos organizados desde el interior de las cárceles, particularmente estafas virtuales, extorsiones y maniobras de fraude que, según denuncias judiciales y policiales, se ejecutan a través de celulares ingresados de manera irregular.
El tema no es nuevo. Pero esta vez, el impacto social de algunos casos recientes reactivó una discusión que atraviesa no solo la seguridad, sino también el alcance de los derechos en contexto de encierro.
El caso Rodrigo y el origen del proyecto
El proyecto toma impulso a partir del caso de Rodrigo Gómez, cuya muerte quedó asociada públicamente a una situación de extorsión originada desde una unidad penitenciaria.
El episodio expuso con crudeza una realidad que desde hace años aparece en investigaciones judiciales: la existencia de verdaderas estructuras delictivas que operan desde el interior de las cárceles, aprovechando la conectividad para engañar, intimidar o estafar a víctimas en libertad.
En ese marco, la respuesta política que emerge es clara: cortar de raíz el acceso a dispositivos.
Pero ahí es donde comienza la discusión.
Rodrigo Gómez se quitó la vida en la Quinta presidencial de Olivos
Estafas, extorsiones y un fenómeno en expansión
En los últimos años, distintas investigaciones confirmaron la proliferación de lo que en el ámbito judicial ya se denomina “call centers del delito”: esquemas organizados desde cárceles para realizar estafas telefónicas, secuestros virtuales y fraudes digitales.
Uno de los casos que generó mayor impacto fue el de un gendarme nacional que, tras ser víctima de una extorsión, terminó quitándose la vida en la Quinta de Olivos. El hecho expuso el nivel de presión psicológica que pueden alcanzar estas maniobras y volvió a poner en evidencia la gravedad del problema.
Las causas judiciales muestran un patrón: llamadas desde números no registrados, uso de identidades falsas y una logística que, en muchos casos, tiene origen intramuros.
La respuesta política: prohibición total
Frente a ese escenario, el proyecto impulsado en la provincia propone una medida contundente: prohibir el ingreso, la tenencia y el uso de celulares en cárceles bonaerenses.
El argumento es directo: sin dispositivos, se reduce la posibilidad de cometer delitos desde el encierro.
La iniciativa fue presentada por el diputado bonaerense de La Libertad Avanza, Oscar Liberman, y se enmarca en lo que el propio espacio define como una política de “tolerancia cero” frente al delito intramuros. El proyecto busca impedir que las personas privadas de la libertad puedan poseer teléfonos móviles o cualquier dispositivo con conectividad, y establece que las comunicaciones se realicen exclusivamente a través de canales controlados por el Servicio Penitenciario Bonaerense.
Sin embargo, la propuesta abre un debate más profundo sobre los límites de esa lógica.
Derechos en tensión: la mirada jurídica
El abogado penalista Ignacio Fernando Barrios plantea que el problema no puede abordarse únicamente desde una respuesta punitiva.
“Si desde una prisión se organizan delitos, el Estado tiene la obligación de impedirlo. Pero construir una política pública desde la reacción emocional es perder calidad jurídica”, advirtió.
En su análisis, el eje no debería estar en el dispositivo en sí, sino en el sistema que permitió su uso irregular. “La pregunta no es solo por el celular, sino por cómo ingresó, qué controles fallaron y qué responsabilidades se investigaron”, sostuvo.
El abogado penalista Ignacio Fernando Barrios se sumó al debate
Comunicación, defensa y legalidad
Barrios remarca que una persona privada de la libertad no pierde derechos esenciales, entre ellos la comunicación con su defensa, el vínculo con su familia y el acceso a la educación.
La Ley 12.256 de Ejecución Penal bonaerense establece justamente esos principios, garantizando condiciones mínimas de comunicación y contacto.
En ese sentido, advierte sobre los riesgos de una prohibición total: “Cuando el encierro se convierte en incomunicación absoluta, no solo se deteriora la vida de las personas detenidas, también se debilita el Estado de Derecho”.
Entre el descontrol y la prohibición
El planteo del especialista apunta a una salida intermedia: ni libre uso sin control, ni prohibición total.
“Defender derechos no implica avalar el uso clandestino de celulares. La solución es un sistema regulado, con dispositivos trazables, canales seguros y control efectivo”, explicó.
El desafío, entonces, pasa por fortalecer los mecanismos de control dentro del sistema penitenciario, en lugar de trasladar la responsabilidad exclusivamente a los detenidos.
El rol del Estado bajo la lupa
El trasfondo del debate expone una cuestión estructural: el funcionamiento del sistema penitenciario.
Si durante años se registraron delitos cometidos desde cárceles mediante teléfonos, el problema no es únicamente la existencia del dispositivo, sino la capacidad del Estado para controlar su ingreso, uso y circulación.
El proyecto abre una tensión difícil de resolver: cómo garantizar seguridad sin avanzar sobre derechos básicos.
Porque, en definitiva, lo que está en debate no es solo una herramienta, sino el modelo de sistema penitenciario que la provincia de Buenos Aires está dispuesta a construir.
