Discapacidad en debate
24/03/2026 - Edición Nº1141
Política
Congreso
Discapacidad en alerta: qué datos le pidieron con urgencia a Milei en Diputados
21/03/2026 | El pedido de informes es del legislador peronista Eduardo Valdés. Cuántas personas están cubiertas y qué pasa con Incluir Salud.
Protesta del sector en los primeros días de marzo.
El diputado nacional Eduardo Valdés presentó un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados para exigir al Poder Ejecutivo un informe detallado sobre la implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad (Ley 27.793) y la situación crítica que atraviesa el sistema de prestaciones.
La iniciativa solicita que el Ministerio de Salud de la Nación brinde precisiones sobre la cobertura, los pagos a prestadores y las medidas adoptadas ante los crecientes reclamos del sector. El pedido se produce en un contexto de denuncias por atrasos, suspensión de servicios y advertencias sobre un posible colapso del sistema.
Cuántas personas están cubiertas y qué pasa con Incluir Salud
Uno de los ejes centrales del proyecto apunta a conocer cuántas Personas con Discapacidad (PCD) cuentan actualmente con cobertura a través del Programa Federal Incluir Salud, clave para quienes reciben pensiones no contributivas.
Además, se requiere información detallada sobre el funcionamiento del sistema y el alcance real de las prestaciones, en un escenario donde organizaciones del sector advierten dificultades para sostener servicios esenciales como rehabilitación, educación y transporte.
Atrasos en pagos y deuda con prestadores
El proyecto pone el foco en los retrasos en los pagos a prestadores de servicios, que incluyen instituciones, transportistas y profesionales que trabajan en el sistema regulado por la Ley 24.901.
En ese sentido, Valdés solicita al Gobierno que informe:
- El monto total de la deuda con prestadores
- Desde cuándo se registran los atrasos
- Cuántos prestadores están afectados
- Si existe un cronograma de regularización con plazos y montos
También pide precisar qué prestaciones fueron suspendidas o interrumpidas como consecuencia de la falta de pago, y cuántas personas con discapacidad resultaron afectadas.
Aranceles atrasados frente a la inflación
Otro punto clave del pedido de informes está vinculado a la actualización de los aranceles del nomenclador de prestaciones.
El legislador solicita detalles sobre:
- Las actualizaciones realizadas desde diciembre de 2023
- El porcentaje y fecha del último aumento
- La relación entre esos incrementos y la inflación acumulada
- Los criterios utilizados para fijar los valores
El planteo surge en medio de reclamos del sector, que advierte un fuerte desfasaje entre los costos reales y los valores reconocidos por el Estado.
Cese de actividades y advertencias del sector
El proyecto también consulta si el Ministerio de Salud tomó conocimiento del cese de actividades realizado por prestadores en marzo, en reclamo por la falta de pagos.
La medida fue impulsada por el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que alertó sobre la imposibilidad de sostener el funcionamiento de instituciones ante la interrupción de la cadena de pagos.
Según se expuso en conferencias públicas, la situación afecta tanto a prestadores como a personas con discapacidad, que dependen de estos servicios para su vida cotidiana.
Qué medidas tomará el Gobierno
En otro tramo, la iniciativa exige conocer qué acciones urgentes prevé adoptar el Poder Ejecutivo para evitar el colapso del sistema, garantizar la continuidad de los servicios y asegurar el acceso a las prestaciones en tiempo y forma.
Asimismo, solicita una evaluación oficial sobre el grado de cumplimiento de la Ley 27.793, sancionada tras un extenso proceso legislativo que incluyó su veto inicial y posterior ratificación por el Congreso.
El contexto: una ley atravesada por tensiones
En los fundamentos del proyecto, Valdés repasa el derrotero de la norma, que fue aprobada en 2025, vetada por el presidente Javier Milei por su costo fiscal y finalmente restituida por el Congreso.
La ley fue reglamentada en febrero de 2026 tras una orden judicial, pero, según advierte el legislador, persisten “serios inconvenientes en su cumplimiento”, especialmente en lo referido a pagos y actualización de aranceles.
Reclamos en aumento y presión institucional
El documento también recoge datos sobre el aumento de reclamos vinculados a discapacidad, que en algunos organismos crecieron significativamente en el último año.
En ese marco, el pedido de informes busca que el Congreso acceda a información oficial precisa para evaluar la situación y determinar responsabilidades, en medio de un escenario de creciente conflictividad en el sector.
