El 21 y 22 de abril, el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF) irá a elecciones en un escenario que, lejos de limitarse a una disputa corporativa, se proyecta como un movimiento con impacto directo en la política y la Justicia.
Con más de 89.500 abogados habilitados para votar, la renovación de autoridades definirá no solo la conducción interna de la entidad, sino también su posicionamiento frente a un contexto atravesado por reformas judiciales, tensiones institucionales y reconfiguración del poder político.
El dato que explica la magnitud de la elección es concreto: el Colegio elegirá además a su representante ante el Consejo de la Magistratura de la Nación, el organismo encargado de seleccionar y eventualmente remover jueces. En ese punto, el resultado adquiere un peso que excede a la matrícula y se inserta de lleno en la dinámica del poder.
A lo largo de su historia, el CPACF funcionó como un espacio de articulación entre el mundo jurídico y la política. Su conducción ha tenido capacidad para intervenir en debates sobre la independencia judicial, reformas estructurales y el funcionamiento de los tribunales.
En el actual contexto, marcado por el avance del gobierno de Javier Milei sobre distintos aspectos del Estado y por una agenda judicial en constante tensión, el rol del Colegio vuelve a cobrar relevancia.
No se trata únicamente de administrar la matrícula o representar intereses profesionales: se trata de definir si la institución asumirá un perfil activo en la discusión pública o si se mantendrá en una lógica más técnica y corporativa.
La elección presenta una oferta fragmentada, con cinco listas que expresan diferentes visiones sobre el rol del Colegio y su vínculo con la política.
El oficialismo se agrupa en la Lista 67, “Unidad en defensa de la Abogacía”, con Alejandra García como candidata. Respaldada por el espacio que supo conducir Ricardo Gil Lavedra, propone continuidad institucional y un perfil de equilibrio frente a los distintos poderes del Estado.
En la vereda opuesta aparece Jorge Rizzo, al frente de la Lista 47 “Gente de Derecho”, quien busca regresar a la conducción tras haber obtenido el 36,6% en la última elección. Con un discurso más confrontativo, plantea un Colegio con mayor protagonismo público y una defensa activa frente a lo que considera avances del poder político sobre la abogacía.
La Lista 66, “Espacio Abierto de la Abogacía”, encabezada por Rubén Ramos, se apoya en una base fuerte de abogados del Estado. Con un 13,2% en los comicios anteriores, busca consolidar un perfil técnico, con foco en la institucionalidad y en las condiciones de ejercicio profesional dentro del sector público.
A ese escenario se suman dos espacios que debutan. Por un lado, “Los que vemos el Colegio”, encabezado por el ex presidente Eduardo Awad, que intenta capitalizar el desgaste de la actual conducción con una propuesta centrada en la cercanía con los matriculados y la revisión del funcionamiento interno.
Por otro, “Por más Abogacía”, un espacio con respaldo del senador Mariano Recalde, que introduce de manera explícita una agenda vinculada al kirchnerismo y a la discusión política sobre el sistema judicial.

La elección se da en un momento donde la Justicia ocupa un lugar central en la agenda pública. Las discusiones sobre reformas, la integración del Consejo de la Magistratura y las causas de alto impacto político configuran un escenario en el que cada actor institucional adquiere mayor relevancia.
En ese contexto, el representante que surja del Colegio tendrá incidencia directa en la dinámica del Consejo, lo que impacta en la designación de jueces y en el equilibrio de fuerzas dentro del sistema judicial.
Al mismo tiempo, la postura que adopte la conducción del CPACF frente al gobierno nacional y a las distintas fuerzas políticas puede convertir a la institución en un actor con mayor visibilidad o, por el contrario, en un espacio de bajo perfil.
El resultado de esta elección no solo definirá una conducción interna, sino que también tendrá efectos sobre la agenda pública.
En la Ciudad de Buenos Aires, el Colegio puede incidir en debates vinculados a seguridad, acceso a la Justicia y funcionamiento de los tribunales locales. A nivel nacional, su peso se proyecta sobre el Consejo de la Magistratura y sobre la discusión más amplia acerca de la independencia judicial y brindar opinión ante la designación de magistrados en juzgados federales y la Corte Suprema.
En un escenario de creciente polarización, la elección del CPACF se convierte así en un reflejo de las tensiones que atraviesan al sistema político argentino: entre independencia y alineamiento, entre corporación y representación, entre técnica y política.