Los libertarios apuran la Ley de Glaciares y fijan fecha para una sesión clave

El oficialismo de La Libertad Avanza ya puso una fecha en el calendario legislativo: el 8 de abril. Ese día, en la Cámara de Diputados, buscará convertir en ley la reforma de la normativa de glaciares, un proyecto que genera tensiones tanto por su contenido como por el procedimiento elegido para debatirlo.

En el entorno de Javier Milei aseguran que “están los votos”, apalancados en el respaldo de varios gobernadores que ya fueron clave para la media sanción en el Senado. Con ese respaldo político, el oficialismo intenta avanzar rápido para evitar que el tema se empantane en el debate público.

El punto más controvertido del proyecto es el cambio de criterio en la protección ambiental. La iniciativa propone dejar atrás el esquema actual -que protege de forma amplia a glaciares y zonas periglaciares- para pasar a un sistema que solo resguarde aquellas formaciones consideradas “relevantes” en términos hídricos.

 

 

 

 

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En la práctica, esto podría habilitar actividades productivas en áreas que hoy están vedadas, como la minería. Además, el proyecto otorga mayor poder a las provincias para definir qué zonas preservar y cuáles destinar al desarrollo económico, lo que abre otro frente de discusión sobre la administración de recursos que trascienden jurisdicciones.

Audiencia cuestionada y presión ambiental

La previa a la sesión también está marcada por la polémica. Más de 80 mil personas se inscribieron para participar de la audiencia pública, pero desde el oficialismo impulsan limitar las exposiciones presenciales y habilitar canales virtuales o escritos para el resto.

Organizaciones ambientalistas cuestionaron esa decisión y llevaron el tema a la Justicia, aunque el planteo fue rechazado. Aun así, el episodio dejó en evidencia la tensión entre la necesidad política de avanzar con la ley y la demanda social de mayor participación.

En paralelo, el Gobierno busca acelerar otros proyectos para cambiar la agenda. Entre ellos aparecen la reforma del Código Penal, iniciativas sobre propiedad privada y modificaciones en áreas sensibles como discapacidad y financiamiento universitario. El mensaje es claro: sostener el ritmo legislativo mientras intenta dejar atrás el impacto de las polémicas que atraviesan al Ejecutivo.