El 24 de marzo de 1999, la Organización del Tratado del Atlántico Norte inició una campaña de bombardeos contra la República Federal de Yugoslavia en el contexto de la guerra de Kosovo. La operación marcó un punto de inflexión en la política internacional al tratarse de una intervención militar sin autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
La ofensiva respondió a la escalada del conflicto entre las fuerzas yugoslavas y la población albanokosovar, en medio de denuncias de violaciones de derechos humanos y desplazamientos masivos. El fracaso de las negociaciones diplomáticas en Rambouillet precipitó la decisión de la OTAN de actuar de forma directa.
La operación, denominada Fuerza Aliada, se extendió durante 78 días y consistió en una campaña aérea intensiva sobre objetivos estratégicos en Serbia y Montenegro. La OTAN desplegó cientos de aeronaves que atacaron infraestructuras militares, redes de transporte y centros de comunicación.
Si bien el objetivo era debilitar la capacidad militar yugoslava, los bombardeos también impactaron en infraestructuras civiles, lo que generó controversia internacional y cuestionamientos sobre los costos humanitarios de la intervención.
El conflicto dejó una huella duradera en el sistema internacional. Por un lado, logró forzar la retirada de las fuerzas yugoslavas de Kosovo y permitió el despliegue de una misión internacional bajo supervisión de la ONU. Por otro, abrió un debate profundo sobre la legalidad de las intervenciones sin mandato explícito del Consejo de Seguridad.

Desde entonces, el caso de Kosovo se convirtió en un precedente clave en la discusión sobre el uso de la fuerza por razones humanitarias. La tensión entre la defensa de la soberanía estatal y la protección de los derechos humanos continúa siendo uno de los dilemas centrales de la política internacional contemporánea.