Durante el verano de 2017, el gobierno de Mauricio Macri atravesó una inesperada crisis política a raíz de un decreto que modificaba el régimen de feriados nacionales. La decisión incluía convertir en “movible” el 24 de marzo, fecha del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, lo que generó un amplio rechazo político y social.
La medida también alcanzaba al 2 de abril, en conmemoración de la guerra de Malvinas, y al 20 de junio, día del fallecimiento de Manuel Belgrano. El argumento oficial se centraba en ordenar el calendario y eliminar los llamados “feriados puente”, con el objetivo de mejorar la productividad y garantizar el ciclo lectivo.
Sin embargo, el intento de trasladar fechas consideradas “fundacionales” desató una controversia que obligó al Ejecutivo a retroceder en pocos días.
Las primeras críticas surgieron desde los organismos de derechos humanos, que interpretaron la medida como un intento de restarle importancia simbólica a una fecha clave en la historia argentina.
Desde Abuelas de Plaza de Mayo, su presidenta Estela de Carlotto fue categórica: “Estamos hartos de este tipo de provocaciones. La lucha va a ser implacable”.
Junto a Abuelas, también se pronunciaron Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y el CELS, que calificaron la decisión como “una nueva provocación” y advirtieron que podía vaciar de contenido una jornada de memoria colectiva.
Tras la marcha atrás del Gobierno, De Carlotto consideró que se trataba de “una buena noticia y un razonamiento lógico después de un error político imperdonable”, aunque remarcó que la relación con el presidente “no es una cosa nueva”.

La polémica no solo se limitó a la oposición. Dentro del propio oficialismo y sus aliados también surgieron cuestionamientos.
Desde la Unión Cívica Radical, socio clave de la coalición Cambiemos, hubo reparos públicos. El entonces titular del partido, José Corral, sostuvo: “Comprendemos la preocupación de diferentes instituciones”, y pidió al Gobierno “aceptar las miradas” críticas sobre la medida.
El diputado Raúl Alfonsín calificó la decisión como “una incomprensible banalidad”, mientras que otros dirigentes señalaron la necesidad de consensuar cambios en fechas de fuerte carga histórica.
También hubo cuestionamientos de gobernadores cercanos al oficialismo nacional, como Juan Schiaretti, quien sostuvo que esos feriados “no pueden ser cambiados” porque son “fundacionales”.

El rechazo se tradujo además en decisiones concretas de gobiernos locales. Varios intendentes y gobernadores anunciaron asuetos para el 24 de marzo, desafiando la normativa nacional.
Entre ellos, el entonces intendente de San Martín, Gabriel Katopodis, impulsó la medida que luego replicaron otros jefes comunales en distintos puntos del país. También se sumaron mandatarios provinciales como Mario Das Neves.
La reacción evidenció el nivel de rechazo político que había generado el decreto en cuestión.
Desde el kirchnerismo, las críticas fueron inmediatas. La ex presidenta Cristina Kirchner pidió mantener inamovibles las fechas, al igual que el ex candidato presidencial Daniel Scioli, quien reclamó: “Que no nos divida lo que nos une”.
El gobierno dio marcha atrás y tomó la decisión correcta. Reafirmamos el compromiso con la memoria, la verdad y la justicia. #El24NoSeToca
— Gabriel Katopodis (@gkatopodis) February 1, 2017
En medio de las críticas generalizadas, la diputada Elisa Carrió se destacó como una de las pocas voces dentro del oficialismo que defendió la medida inicial.
“En este país no trabaja nadie. La gente tiene que trabajar más”, afirmó al respaldar la eliminación de feriados puente y el reordenamiento del calendario.
También justificó el uso de decretos de necesidad y urgencia al señalar que “en receso es el único momento en el que se justifican”.
Su postura contrastó con la de otros sectores de Cambiemos que pedían revisar la decisión.
Frente a la presión política y social, el Gobierno anunció pocos días después que dictaría un nuevo decreto para restituir el carácter inamovible de los feriados cuestionados.
En la comunicación oficial, se explicó que la decisión fue tomada “para evitar división” y “en pos de la unidad de los argentinos”, tras escuchar las distintas opiniones surgidas en el debate público.
El nuevo decreto también aclaró que “desde ningún punto de vista se ha buscado desconocer el valor simbólico e histórico” de las fechas.
La crisis por el feriado del 24 de marzo expuso las dificultades del gobierno de Macri para avanzar sobre temas sensibles vinculados a la memoria histórica sin generar consensos amplios.
El episodio, breve pero intenso, dejó en evidencia la capacidad de reacción de los organismos de derechos humanos, el peso simbólico de ciertas fechas en la Argentina y las tensiones internas dentro de la propia coalición oficialista.