El precio de los combustibles en Argentina enfrenta una nueva estrategia para reducir su volatilidad frente a los conflictos internacionales. Un grupo de legisladores nacionales impulsa un cambio en la composición de la nafta y el gasoil vendidos en el país.
La iniciativa busca utilizar la producción agrícola local como un amortiguador ante las subas del petróleo. De esta manera, se pretende que el valor en el surtidor responda más a los costos internos que a las guerras en el extranjero.
El proyecto insta al Poder Ejecutivo a aplicar el artículo 8 de la Ley 27.640 para incrementar el porcentaje de corte de biocombustibles en todos los combustibles líquidos nacionales. Este mecanismo permitiría estabilizar los precios internos al reducir la dependencia directa de los valores internacionales del crudo.
El bloque de Provincias Unidas, integrado por diputados como Pablo Farías, Gisela Scaglia y Carlos Gutiérrez, presentó un proyecto de resolución para cambiar la matriz energética. La propuesta exige medidas urgentes para que el país sea más resistente a los eventos globales que encarecen los hidrocarburos.
Según el texto, la actual normativa de mezcla es "insuficiente para lograr los objetivos de sostenibilidad energética". Por ello, solicitan también gestiones ante la Unión Europea para que no se limiten las exportaciones de este producto argentino.
Los biocombustibles son fuentes de energía renovable derivados de la biodiversidad y la capacidad agrícola. En Argentina, se producen principalmente a partir del procesamiento de granos como la soja (biodiésel) y el maíz o la caña de azúcar (bioetanol).
El uso de estos recursos permite que el transporte, uno de los sectores que más gases de efecto invernadero genera, reduzca su impacto ambiental. Además, el país ya cuenta con leyes que fomentan esta producción desde hace años.

Elevar el porcentaje de componentes del campo en el tanque genera tres impactos positivos inmediatos:
Los fundamentos del proyecto indican que es clave "mitigar los riesgos" en un momento donde los conflictos geopolíticos afectan el suministro global de petróleo.
El valor del combustible en el mercado interno refleja la "vulnerabilidad de depender de un commodity" sujeto a fluctuaciones externas. Actualmente, el barril de crudo oscila entre los 90 y 120 dólares a nivel mundial.
Sin mecanismos de desacople, el encarecimiento logístico impacta directamente en la inflación y en el poder adquisitivo de los ciudadanos. La desregulación económica reciente limita la capacidad del Estado para fijar valores máximos, lo que acelera el traslado de las subas internacionales al consumidor final.
El Estrecho de Ormuz es un paso marítimo estratégico por donde circula más del 20% del comercio mundial de petróleo. El bloqueo en esta zona debido a la escalada bélica entre Estados Unidos, Israel e Irán disparó el precio del crudo instantáneamente.

Aunque la producción de Vaca Muerta es alta, la economía argentina sigue expuesta a estos shocks externos. El conflicto en esa región podría tener efectos "inmediatos y devastadores" sobre la estructura de costos local si no existen herramientas de estabilización.
En sintonía con la preocupación energética, el diputado Jorge Taiana presentó un pedido de informes dirigido a la Jefatura de Gabinete y al Ministerio de Economía. El exministro exige precisiones sobre cómo el Gobierno de Javier Milei planea contener el impacto del crudo internacional.

Taiana advierte que tras la aprobación de la Ley 27.742 (Ley Bases), se eliminaron herramientas que permitían priorizar el abastecimiento interno a precios compatibles con la economía nacional. El legislador consulta sobre la posible aplicación de fondos de estabilización o derechos de exportación para amortiguar los golpes externos.
TM