La dictadura en Argentina no solo impuso el terror desde el Estado. También generó, en amplios sectores de la sociedad, un desinterés forzado —y en muchos casos voluntario— que permitió que el horror avanzara con menos resistencia de la que la situación merecía. Se silenció a la prensa, se desinformó a la población y se impuso un relato construido desde el poder.
Mirar de costado, no involucrarse, no sentir que lo que le pasaba a otro podía pasarle a uno mismo. Ese fue, también, uno de los mecanismos que hicieron posible lo que vino después.
El tiempo, con la persistencia de los organismos de derechos humanos, fijó un consenso: fueron 30.000 las víctimas del terrorismo de Estado. No se trató de excesos ni de desbordes. Fue un plan sistemático ejecutado desde el poder para eliminar, disciplinar y silenciar voces disidentes.
Pero ese plan no fue únicamente represivo. Tuvo también objetivos económicos y políticos.
La dictadura encabezada por Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti no solo desplegó un aparato de persecución y muerte. Bajo la conducción económica de José Alfredo Martínez de Hoz, impulsó un modelo que desarticuló la industria nacional, promovió la apertura indiscriminada y sentó las bases de un endeudamiento que condicionaría al país durante las décadas siguientes.
El terror fue la condición para que ese programa pudiera avanzar sin resistencia.

Con la recuperación democrática, la Argentina logró construir un consenso fundamental: Nunca Más. Un límite ético y político que parecía inquebrantable.
Sin embargo, medio siglo después, ese consenso empieza a ser erosionado.
El negacionismo ya no aparece como una postura marginal. Se presenta como revisión, como debate, como reinterpretación. Pero en esencia, sigue siendo lo mismo: un intento de diluir responsabilidades, de discutir lo indiscutible, de transformar el horror en una versión atenuada. Erosionar la verdad y hacer flaquear la memoria colectiva.
Discutir si fueron 30.000 no es una cuestión numérica. Es una estrategia para vaciar de contenido la memoria. Para correr el eje desde el crimen hacia la duda.
Y en ese terreno, donde amplios sectores que crecieron en democracia no encuentran en la historia una interpelación directa, ese discurso vuelve a encontrar lugar.
Ahí es donde el paralelismo con el presente se vuelve inevitable.

Hoy, la Argentina transita discusiones que buscan resignificar sentidos a partir de recetas ya probadas y fallidas.
Modelos políticos como los de Javier Milei y Victoria Villarruel ponen en tela de juicio la responsabilidad de quienes idearon e implementaron una de las dictaduras más atroces de nuestra historia y, en paralelo, respaldan medidas económicas —como las del ministro de Economía, Luis Caputo— que, al igual que durante ese período, priorizan la apertura de importaciones, erosionan el entramado productivo, afectan a la industria nacional y golpean a la masa de asalariados.
Se trata de decisiones políticas ya ensayadas, que reaparecen con nuevos argumentos pero con efectos que la historia permite reconocer. No se trata de establecer equivalencias lineales ni de simplificar el pasado en clave del presente, pero es precisamente allí donde emerge un rasgo preocupante.
A 50 años del golpe, el negacionismo y el desapego encuentra nuevas herramientas. Las redes sociales, la inteligencia artificial y la sobreabundancia de información permiten que lo verídico y lo falso convivan en un mismo plano, debilitando la noción misma de verdad.
En este presente, la discusión pública se empobrece, se fragmenta, se vuelve superficial. Las consignas reemplazan a los argumentos. Las frases hechas ocupan el lugar de las ideas. Se construyen relatos que generan adhesión o rechazo inmediato, pero que pocas veces invitan a pensar.
Y así, la memoria colectiva deja de ser un punto de apoyo para convertirse en un terreno en disputa.

Mientras el mundo se sacude entre conflictos y tensiones bélicas, y en la Argentina millones luchan por sostener su vida cotidiana logrando llegar a fin de mes, el recuerdo de lo vivido no puede convertirse en un ejercicio lejano. Es una herramienta para entender el presente y proyectar el futuro.
Hoy no hay centros clandestinos ni desapariciones sistemáticas como en aquellos años. Pero eso no significa que el ejercicio del poder esté exento de tensiones, abusos o formas de disciplinamiento.
Las lógicas cambian. Los métodos se transforman.
La represión ya no se expresa únicamente en términos físicos. También puede manifestarse en la estigmatización, en el hostigamiento, en la construcción de enemigos públicos por pensar diferente, y en el uso de las redes sociales como herramienta para desacreditar, intimidar o censurar.
Nada de eso es equiparable al terrorismo de Estado. Pero tampoco debería ser naturalizado.
Porque la democracia no se sostiene sola. Se construye todos los días: en la forma en que discutimos, en cómo nos vinculamos, en la capacidad de señalar lo que está mal sin caer en la violencia.
Es no mirar para otro lado cada vez que se corre un límite, por más pequeño que parezca, aun cuando no nos toque de manera directa.
Porque si algo dejó en claro la historia argentina es que el deterioro no comienza de golpe. Empieza cuando una sociedad se acostumbra a no mirar lo que le pasa al otro. Cuando relativiza el presente sin pensar en el mañana. Cuando deja de involucrarse y de tomarse el tiempo para analizar su entorno.
Y en ese punto, ya no es solo la memoria lo que está en juego: es la capacidad de decidir nuestro propio destino.
Porque lo que está en riesgo no es únicamente el recuerdo de lo que nos pasó, sino la posibilidad de construir, entre todos, el país que queremos ser. Y esa decisión no reside solo en quienes gobiernan: es el pueblo quien la ejerce o la resigna, y su impacto siempre es colectivo.
En una fecha como esta, el Nunca Más debe sostenerse como un mensaje claro, firme e inequívoco para las generaciones futuras.