Alquileres temporarios en PBA: el proyecto que cambia reglas y trae controles

Un proyecto de ley presentado en la Legislatura bonaerense por el diputado massista Ricardo Lissalde propone establecer un marco normativo específico para los alquileres temporarios en la provincia de Buenos Aires.

Implicaría un esquema detallado de obligaciones, prohibiciones y responsabilidades tanto para los propietarios como para los usuarios.

La iniciativa apunta a ordenar una actividad en expansión -impulsada por plataformas digitales y el turismo interno- y a reducir conflictos vinculados a la convivencia urbana, la informalidad y la falta de controles.

Alcance y creación de un registro obligatorio

El proyecto define a los alquileres temporarios como aquellos contratos de corta duración destinados a alojamiento turístico, laboral o transitorio, diferenciándolos del régimen de locaciones permanentes.

En ese marco, se establece la obligatoriedad de inscripción en un registro provincial para todos los inmuebles ofrecidos bajo esta modalidad. Solo podrán operar legalmente quienes estén debidamente registrados, bajo apercibimiento de sanciones.

La autoridad de aplicación tendrá facultades para verificar el cumplimiento de la norma, realizar inspecciones y aplicar penalidades.

Prohibiciones: límites al uso de las propiedades

El texto fija un conjunto de prohibiciones destinadas a evitar abusos en el uso de las unidades y proteger a terceros:

• Ofrecer inmuebles sin inscripción en el registro correspondiente.
• Publicar o comercializar alojamientos que no cumplan condiciones mínimas de seguridad, higiene y habitabilidad.
• Superar la capacidad máxima de ocupación declarada.
• Destinar la propiedad a fines distintos de los informados (por ejemplo, fiestas, eventos o actividades comerciales no autorizadas).
• Incumplir reglamentos de copropiedad o normas locales que regulen la convivencia.
• Generar situaciones que alteren el orden público o la tranquilidad del entorno.

Estas restricciones buscan garantizar que el uso temporario no afecte derechos de vecinos ni degrade las condiciones del inmueble.

Responsabilidades del anfitrión: obligaciones detalladas

El proyecto establece de manera expresa una serie de deberes para los anfitriones (propietarios, administradores o intermediarios), con mayor precisión en su alcance:

• Inscribir el inmueble en el registro provincial antes de su oferta o comercialización.
• Declarar información veraz sobre la propiedad: ubicación, capacidad, condiciones, servicios incluidos y normas de uso.
• Garantizar condiciones de seguridad, salubridad y funcionamiento, incluyendo instalaciones eléctricas, sanitarias y de gas en regla.
• Exhibir el número de registro en toda publicación o plataforma donde se ofrezca el alojamiento.
• Llevar un registro actualizado de huéspedes, con identificación de cada ocupante y fechas de ingreso y egreso.
• Informar a los huéspedes las normas de convivencia, reglamentos internos y condiciones de uso del inmueble.
• Adoptar medidas para prevenir molestias a terceros, incluyendo ruidos, uso indebido de espacios comunes o sobreocupación.
• Responder ante autoridades y terceros por infracciones vinculadas al uso del inmueble.
• Cumplir con todas las normativas fiscales, municipales y provinciales aplicables a la actividad.

El incumplimiento de estas obligaciones puede derivar en sanciones administrativas e incluso en la exclusión del registro.

Obligaciones del huésped: conducta y uso responsable

La iniciativa también detalla con mayor precisión los deberes de los huéspedes, estableciendo un marco de conducta obligatorio durante la estadía:

• Utilizar el inmueble exclusivamente para el destino declarado en el contrato.
• Respetar la capacidad máxima autorizada, sin incorporar ocupantes adicionales no registrados.
• Cumplir las normas de convivencia del edificio, complejo o barrio.
• Abstenerse de realizar ruidos molestos o actividades que perturben a vecinos.
• Conservar el inmueble y sus instalaciones en buen estado durante la ocupación.
• Responder por daños ocasionados a la propiedad, mobiliario o espacios comunes.
• Permitir, cuando corresponda, verificaciones o controles en el marco de la normativa vigente.

Estas obligaciones buscan equiparar derechos y deberes dentro de la relación contractual, evitando abusos o usos indebidos.

Control, fiscalización y sanciones

El proyecto contempla un esquema de control a cargo de la autoridad de aplicación, que podrá:

• Realizar inspecciones.
• Requerir documentación.
• Verificar registros de huéspedes.

En caso de incumplimientos, se prevén sanciones que incluyen:

• Multas económicas.
• Suspensión o baja del registro.
• Inhabilitación para continuar operando bajo esta modalidad.