La Provincia de Santa Fe destinará $460 millones para la recuperación integral de la Quinta de Funes, un predio que funcionó como centro clandestino de detención durante la última dictadura militar. Las obras, que tienen un plazo de ejecución de cinco meses, buscan transformar el sitio en un espacio para la memoria colectiva y la educación.
Este anuncio se produce en un contexto de alta sensibilidad política, días antes del 50° aniversario del golpe de Estado de 1976. La decisión administrativa marca un hito en la gestión patrimonial de la provincia, ya que el edificio se encontraba en estado de abandono y había sufrido reiterados actos de vandalismo desde su expropiación en 2017.
El Gobierno de Santa Fe abrirá los sobres de la licitación este miércoles para intervenir y refaccionar la Quinta de Funes, asegurando una inversión de $460 millones para convertir el predio en un sitio cultural y educativo.
Diputados nacionales de Unión por la Patria, entre los que se encuentran Germán Martínez, Agustín Rossi, Alejandrina Borgatta y Florencia Carignano, presentaron un proyecto exigiendo al Poder Ejecutivo Nacional la preservación del lugar.
El pedido insta a Javier Milei a reconocer las actividades de construcción de memoria que organiza la mesa promotora local y a garantizar la custodia del predio.
La iniciativa del peronismo coincide temporalmente con la decisión del gobernador santafesino de avanzar con fondos propios en la restauración del inmueble. Este alineamiento temático entre la oposición nacional y el gobierno provincial refuerza la presión sobre la administración central respecto a las políticas de derechos humanos.
El proyecto diseñado por el Ministerio de Obras Públicas de la provincia contempla “intervenir, refaccionar, jerarquizar y conservar de manera integral este espacio”. Los trabajos técnicos apuntan a frenar el deterioro de la estructura edilicia y adecuarla para recibir visitas escolares y actividades culturales permanentes.

Al frente de la supervisión se encuentran el secretario de Derechos Humanos, Emilio Jatón, y el ministro Lisandro Enrico, quienes realizaron relevamientos para precisar el estado de la casona. Además, una ley provincial reciente incluyó al predio dentro del Sistema de Comisiones de Espacios de la Memoria, asegurando su financiamiento independiente del gobierno de turno.
El gobernador Maximiliano Pullaro utiliza este tipo de medidas para aplicar una estrategia de oposición segmentada frente a la Casa Rosada. Al gestionar activamente la agenda de derechos humanos, el mandatario provincial establece una diferencia con el discurso oficial nacional sin entrar en una confrontación directa que afecte a su electorado compartido.

Esta diferenciación busca mostrar una dimensión de gestión positiva y de respeto institucional en áreas donde el gobierno libertario mantiene una postura de austeridad o desinterés. De esta manera, el Partido Socialista y la Unión Cívica Radical, integrantes de la coalición gobernante en Santa Fe, consolidan una identidad política propia basada en la "justicia histórica".
La decisión de Santa Fe incomoda a la administración de La Libertad Avanza al exponer una agenda de memoria financiada por una provincia en un momento de fuerte recorte de fondos nacionales. Mientras el gobierno nacional evita profundizar en políticas de preservación de excentros clandestinos, la gestión de Pullaro destina recursos millonarios para tal fin.

Además, el hecho de que el gobernador se alinee del mismo lado que diputados kirchneristas y organismos de derechos humanos debilita la narrativa de polarización que intenta sostener el oficialismo nacional. La institucionalización de la Quinta de Funes como patrimonio histórico nacional obliga al Estado Nacional a tomar una postura sobre un tema que ha intentado evitar en su agenda pública.
El predio, ubicado en la intersección de la Ruta Nacional 9 y la calle San José, funcionó entre 1977 y 1978 como un centro clandestino bajo el mando de Leopoldo Fortunato Galtieri. Allí se llevó a cabo un método represivo atípico: los detenidos no eran sometidos a torturas tradicionales, sino que eran obligados a vivir en una falsa "normalidad" para intentar quebrarlos e infiltrarlos en organizaciones políticas.

Este episodio es conocido históricamente por la "Operación México", un plan que falló cuando el militante Tulio Valenzuela se escapó en México y reveló la estrategia de los militares ante la prensa internacional. Como consecuencia, los militares desmantelaron el sitio y trasladaron a los detenidos para su posterior ejecución.
TM