A 50 años del golpe: ¿cómo influyó la Corte Suprema en los juicios por lesa humanidad?

A medio siglo del golpe del 24 de marzo de 1976, el rol de la Corte Suprema aparece como una pieza central en la reconstrucción del proceso judicial contra los responsables del terrorismo de Estado. No fue lineal ni exento de tensiones, pero sí determinante para consolidar una política sostenida de juzgamiento.

Desde 2004 hasta hoy, el máximo tribunal firmó cerca de 2000 sentencias vinculadas a delitos de lesa humanidad. Ese volumen no solo refleja actividad judicial: muestra la construcción de una doctrina que permitió sostener las investigaciones frente a obstáculos legales y políticos.

El fallo Simón: el punto de quiebre

El punto de inflexión fue el fallo “Simón” en 2005, que declaró inconstitucionales las leyes de obediencia debida y punto final. Esa decisión abrió definitivamente la puerta para reactivar los juicios por violaciones a los derechos humanos.

El pronunciamiento no fue aislado: se inscribió en una estrategia más amplia impulsada durante el gobierno de Néstor Kirchner, que combinó decisiones del Poder Ejecutivo y el Congreso para desmontar los límites legales que frenaban las causas.

Los antecedentes: delitos imprescriptibles

Antes de ese quiebre, la Corte ya había dado señales importantes. En “Arancibia Clavel” (2004) estableció que los delitos de lesa humanidad no prescriben, reforzando el principio de persecución permanente.

Ese criterio fue clave para sostener la reapertura de causas que llevaban décadas paralizadas y para evitar que el paso del tiempo se convirtiera en un factor de impunidad.

Indultos anulados: el límite definitivo a la impunidad

El giro más contundente llegó en 2007, cuando la Corte avanzó sobre los indultos firmados en los años noventa. En el fallo “Mazzeo”, el tribunal declaró su invalidez y cerró una etapa en la que los responsables de crímenes de la dictadura habían quedado protegidos por decisiones políticas.

La resolución no solo tuvo impacto jurídico, sino también simbólico: estableció que ningún acto del Poder Ejecutivo puede anular la obligación del Estado de investigar y sancionar delitos de lesa humanidad.

El “dos por uno” y la reacción social

La línea jurisprudencial tuvo también momentos de fuerte controversia. El más resonante fue en 2017, cuando la Corte aplicó el beneficio del “dos por uno” a un represor, lo que implicaba una reducción de su condena.

La decisión generó una reacción inmediata: miles de personas se movilizaron en todo el país bajo la consigna “No a la impunidad”, con una masiva concentración en Plaza de Mayo.

El giro posterior y la doctrina actual

Tras el impacto social, el Congreso sancionó en tiempo récord una ley que excluyó a los delitos de lesa humanidad de ese beneficio. Ese cambio, sumado a la presión pública, derivó en una revisión del criterio judicial.

En 2018, la Corte rechazó aplicar el “dos por uno” en nuevos casos y volvió a alinearse con la doctrina que había sostenido durante más de una década.

Entre avances y tensiones, una política sostenida

Hoy, los números muestran el alcance del proceso: más de 1200 condenados, cientos de causas en trámite y juicios que continúan abiertos en todo el país. La política de memoria, verdad y justicia sigue vigente, aunque con ritmos más lentos y nuevos desafíos.

El recorrido de la Corte en estos 50 años combina decisiones clave, retrocesos y rectificaciones bajo presión social. Esa dinámica terminó consolidando un criterio que ubica a la Argentina como referencia internacional en juzgamiento de crímenes de Estado, pero también deja en claro que ese consenso sigue dependiendo del contexto político y judicial de cada época.