Milei y los ATN: por qué 47 mil millones no alcanzan a las provincias

El envío de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) en marzo desató un fuerte malestar entre los gobernadores. La Casa Rosada distribuyó unos $47 mil millones entre provincias aliadas, pero en los distritos aseguran que el monto es marginal frente a la caída de ingresos que vienen registrando desde el inicio del año.

“No cubre ni el 6% de lo que perdimos”, resumieron cerca de uno de los mandatarios provinciales. El reclamo no es solo por el volumen de fondos, sino también por la discrecionalidad en la distribución: las provincias opositoras directamente quedaron afuera del reparto.

Entre las jurisdicciones que recibieron transferencias, Corrientes obtuvo $8 mil millones, Mendoza $7 mil millones y Entre Ríos $6 mil millones. En otros casos, como Jujuy y Neuquén, los envíos rondaron apenas los $2 mil millones. En todos los casos, los montos quedaron muy por debajo de las necesidades fiscales.

El trasfondo del conflicto es más profundo. Entre enero y febrero, las provincias acumulan una pérdida de $838 mil millones en términos reales por coparticipación en comparación con el mismo período de 2025. La caída promedio alcanza el 6,9% entre los 24 distritos.

Las más afectadas fueron la Ciudad de Buenos Aires, con una baja del 8,1%, seguida por Córdoba (-7,8%) y Santa Fe (-7,7%). La Provincia de Buenos Aires tuvo una caída menor en términos porcentuales (-5,9%), pero el impacto en volumen es significativo: perdió alrededor de $161 mil millones.

Reclamos cruzados y una disputa por recursos que escala

Detrás del malestar aparece una combinación de factores: la recesión, la caída de la recaudación -que en febrero retrocedió 9,5%- y la eliminación o retención de fondos nacionales vinculados a educación, seguridad y obra pública.

En las provincias sostienen que el Gobierno no solo redujo transferencias, sino que además retiene recursos como el impuesto a los combustibles, que por ley deberían coparticiparse o destinarse a infraestructura. La Casa Rosada, por ahora, no cede.

El conflicto abre un frente político delicado para la administración de Javier Milei, que necesita del respaldo de los gobernadores en el Congreso para avanzar con su agenda legislativa, pero enfrenta un creciente desgaste en la relación fiscal con las provincias.