La crisis de Flybondi dejó de ser un problema empresarial para convertirse en un foco de ruido político para el Gobierno de Javier Milei. La apertura de un plan de retiros voluntarios y las versiones sobre una posible mudanza a Paraguay impactan de lleno en uno de los empresarios más cercanos al poder: Leonardo Scatturice, figura con vínculos directos con el armado libertario y llegada al entorno de Santiago Caputo.

El caso expone una contradicción incómoda. Hace apenas meses, el desembarco de Scatturice en la compañía había sido leído como una señal de respaldo político y financiero al modelo libertario. Hoy, en cambio, la empresa atraviesa un ajuste que contradice aquel relato de expansión, con promesas de inversión que no se materializaron y un servicio cada vez más deteriorado.
En Casa Rosada, el tema genera incomodidad. Flybondi no es una empresa más: fue durante años un emblema del modelo de desregulación aerocomercial y ahora se transforma en un ejemplo de fragilidad. Las cancelaciones, las sanciones provinciales y el desplome operativo impactan directamente en un discurso oficial que hace de la eficiencia privada una bandera central.
El vínculo político del empresario agrega otra capa de tensión. Scatturice no solo fue señalado como uno de los articuladores del nexo con sectores del trumpismo, sino que además acumuló contratos y cercanía con áreas sensibles del Estado. Su situación actual, por lo tanto, no se lee únicamente en clave empresarial, sino como un test sobre la red de alianzas que rodea al Gobierno.

Mientras tanto, puertas adentro del oficialismo crece la preocupación por el efecto contagio. La crisis de Flybondi se suma a otros frentes abiertos —desde el caso $LIBRA hasta los cuestionamientos a Manuel Adorni— y alimenta la percepción de desorden en un momento donde el Gobierno busca recuperar la iniciativa política.
El dato más delicado es la posibilidad de trasladar operaciones a Paraguay. Más allá de su viabilidad concreta, la sola hipótesis choca con el discurso de desarrollo local que el oficialismo intenta sostener. Una empresa asociada al poder que reduce personal en Argentina y evalúa irse del país es, en términos políticos, una señal difícil de administrar.
La crisis de Flybondi deja al descubierto los límites del entramado empresario que rodea a La Libertad Avanza, donde la cercanía al poder no garantiza resultados ni estabilidad en la gestión.
Al mismo tiempo, obliga al Gobierno a administrar un frente inesperado: el desgaste que generan sus propios aliados, en un contexto donde cada error amplifica la narrativa opositora sobre falta de control y conducción.