El Gobierno ultimó los detalles de la reforma integral del sistema penal que enviará al Congreso de la Nación en los próximos días. El texto definitivo, analizado este martes en la Quinta de Olivos, establece un endurecimiento de sanciones para delitos urbanos que carecían de una tipificación específica en la normativa vigente.
La iniciativa prioriza la seguridad ciudadana y el control del crimen organizado mediante un esquema técnico que simplifica la estructura del código. En lugar de un documento masivo de más de 900 artículos, la gestión actual propone modificar la base del ordenamiento penal existente para garantizar la aplicación efectiva de las penas.
El nuevo Código Penal incorpora figuras específicas para el robo bajo la modalidad de "motochorros", el accionar de las "viudas negras" y las estafas piramidales, eliminando la posibilidad de excarcelación en casos de reincidencia o violencia.
La reforma introduce tipificaciones para modalidades delictivas que han crecido en los centros urbanos. El proyecto establece penas severas para los robos cometidos por motochorros y para las denominadas entraderas bancarias. También se formaliza el castigo para las viudas negras, definiendo legalmente el uso de engaños para el ingreso a domicilios con fines de robo.

Por otro lado, el texto aborda las estafas modernas. Se crea la figura autónoma de la estafa piramidal para perseguir esquemas de captación de fondos ilegales y se endurecen las sanciones para las defraudaciones mediante activos virtuales o criptomonedas. "Es una técnica diferente: en lugar de sumar artículos masivos, modificamos la base para que el texto respete estrictamente los principios liberales", señalaron fuentes del Ministerio de Justicia.
En materia financiera, el proyecto de Javier Milei contempla un régimen integral para el cohecho financiero y el agiotaje, que es la especulación con el precio de los activos. También se sumarán penas para el inside trading (uso de información privilegiada) y para la presentación de balances falsos en empresas que operan en el mercado.

La propiedad intelectual e industrial tendrá un nivel de protección superior, en línea con los compromisos comerciales asumidos con Estados Unidos y la administración de Donald Trump. Este punto incluye controles judiciales más estrictos para combatir la piratería y el crimen organizado vinculado a la falsificación de marcas.
Una de las incorporaciones de mayor interés para la administración nacional es la responsabilidad penal de los funcionarios públicos que afecten la estabilidad fiscal y monetaria. El proyecto prevé sanciones para quienes autoricen o ejecuten medidas que desestabilicen el valor de la moneda nacional o el equilibrio presupuestario del país.
"Un Código Penal debe castigar a quienes roban el futuro de los argentinos mediante la inflación", indicaron desde el entorno del ministro Juan Bautista Mahiques. Esta medida busca otorgar un marco de protección legal permanente a las políticas de equilibrio financiero que impulsa el Ejecutivo.
La versión redactada por el anterior titular de la cartera de justicia contaba con 912 artículos y una estructura extensa. El nuevo plan, definido entre el Presidente y el actual ministro, busca un texto más corto, técnico y operativo. El objetivo es evitar los agregados masivos y enfocarse en la eficiencia de los procesos judiciales.

En la elaboración del texto colabora una comisión especializada liderada por Jorge Buompadre e integrada por magistrados como Mariano Borinsky y María Eugenia Capuchetti. Este equipo trabajó sobre antecedentes que datan de la gestión de Mauricio Macri, adaptándolos a las necesidades actuales de lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que esta reforma será una prioridad durante la primera etapa de sesiones ordinarias en el Congreso. La estrategia legislativa fue coordinada por la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, quien también participó de la reunión técnica en la residencia presidencial.
Si bien inicialmente se evaluó que el proyecto ingresara por el Senado a través de la gestión de Patricia Bullrich, el oficialismo aún analiza si la Cámara de Diputados será la encargada de iniciar el debate. El objetivo es lograr un consenso rápido que permita aplicar los cambios en la seguridad urbana antes del segundo semestre del año.
TM