27/03/2026 - Edición Nº1144

Internacionales

Apertura forzada

Díaz-Canel mueve fichas en Cuba y reaviva el fantasma de la Perestroika

24/03/2026 | Reformas en Cuba buscan aliviar la crisis, pero exponen al régimen a riesgos estructurales y pérdida de control político.



Cuba afronta un punto de inflexión histórico tras anunciar reformas económicas que permiten la inversión de cubanos exiliados y una apertura parcial al sector privado, en medio de una profunda crisis económica, apagones, escasez y presión de Estados Unidos; un giro que muchos comparan con la Perestroika soviética y que plantea una pregunta clave: ¿puede el régimen comunista sobrevivir a su propia reforma o ha comenzado su proceso de colapso?

Crisis estructural y presión externa

Las reformas no surgen en el vacío. Cuba atraviesa una crisis estructural profunda que combina factores económicos, sociales y políticos. El país enfrenta un colapso energético que se traduce en apagones constantes, paralizando la actividad económica y deteriorando la vida cotidiana.

A esto se suma una escasez generalizada de alimentos, medicamentos y combustible, junto con una inflación creciente y una dolarización parcial que ha acentuado las desigualdades. El sistema sanitario y los servicios básicos muestran signos evidentes de deterioro, mientras que las protestas sociales han sido contenidas mediante represión y control estatal.

Cuba


Cuba, oficialmente República de Cuba, es un estado soberano, insular, ubicado en las Antillas del mar Caribe.

En paralelo, la presión internacional, especialmente desde Estados Unidos, ha aumentado significativamente. La pérdida del apoyo energético venezolano ha dejado al régimen sin uno de sus principales sostenes, intensificando una crisis que ya era profundamente estructural.

Todo ello hay que sumarle las manifestaciones masivas dentro de la isla, en el que han terminado en arrestos y daños materiales contra las sedes locales del Partido Comunista de Cuba.

Díaz-Canel y las reformas: apertura controlada

En este contexto de crisis sistémica, el gobierno cubano encabezado por Miguel Díaz-Canel ha comenzado a dar señales de una posible “reestructuración” del modelo económico, en lo que muchos analistas ya interpretan como una versión tardía y forzada de la Perestroika. Sin embargo, más que una reforma ideológica, se trata de una maniobra de supervivencia del régimen ante el deterioro acelerado de la economía y el creciente malestar social.

Entre las medidas más relevantes destaca la apertura a la participación de cubanos exiliados -incluso aquellos sin residencia efectiva en la isla- en la propiedad, inversión y gestión de empresas privadas dentro de Cuba. Este punto marca un giro especialmente significativo, ya que históricamente el castrismo ha considerado al exilio como un actor hostil. Ahora, sin embargo, se le reconoce como una fuente clave de capital, conocimiento empresarial y acceso a redes internacionales.

Estas nuevas disposiciones no se limitan a pequeños negocios o al sector informal. Por el contrario, contemplan la posibilidad de que los cubanos en el exterior participen en sectores estratégicos, incluyendo infraestructuras, turismo, energía, logística e incluso áreas vinculadas al sistema financiero. Se abre así la puerta a una transformación parcial del tejido económico del país, que hasta ahora ha estado dominado por empresas estatales o estructuras controladas por las Fuerzas Armadas.

Asimismo, se contempla que los cubanos exiliados puedan abrir cuentas bancarias en divisas dentro del sistema financiero cubano, lo que supone un intento claro de captar liquidez en moneda fuerte. Esta medida busca aliviar la asfixia financiera del Estado, al tiempo que podría facilitar la entrada de remesas en circuitos más institucionalizados y controlados por el propio régimen.


Cuba abre su economía al exilio y enfrenta un dilema entre control y colapso.

Otra de las líneas clave de la reforma es la posibilidad de establecer alianzas entre empresas privadas, actores del exilio y entidades estatales. Este modelo híbrido permitiría al Estado mantener un control indirecto sobre sectores clave, mientras transfiere parte del riesgo y la inversión al capital privado. En paralelo, se prevé la concesión de usufructos sobre tierras, ampliando los márgenes de iniciativa económica en el sector agrícola, uno de los más deteriorados del país.

Sin embargo, esta apertura sigue siendo limitada y cuidadosamente diseñada. El régimen no plantea una liberalización plena del mercado ni una reforma política paralela. El control del Partido Comunista sobre las instituciones permanece intacto, y todo apunta a que cualquier inversión o actividad económica relevante estará sujeta a supervisión estatal y a mecanismos de control político.

Además, el hecho de que el anuncio y la gestión de estas reformas no recaigan exclusivamente en Díaz-Canel, sino que involucren a figuras cercanas al núcleo histórico del poder -incluyendo miembros del entorno familiar del castrismo- sugiere la existencia de tensiones internas. Esto podría indicar una reconfiguración del poder dentro de la élite gobernante, donde sectores pragmáticos intentan impulsar una apertura económica controlada frente a sectores más ortodoxos que temen perder el control del sistema.

¿Supervivencia o Colapso?

La cuestión fundamental es si estas reformas permitirán la supervivencia del régimen o si, por el contrario, acelerarán su erosión. La experiencia de la Unión Soviética plantea un paralelismo inevitable. La Perestroika buscaba modernizar el sistema socialista, pero terminó debilitando los pilares del poder del Partido Comunista.

En última instancia, estas reformas no representan una transición hacia un modelo de libre mercado, sino un intento de rediseñar el sistema para hacerlo viable en condiciones de crisis extrema. La clave estará en si el régimen logra equilibrar la necesidad de apertura económica con su obsesión por mantener el control político absoluto, una ecuación que históricamente ha demostrado ser altamente inestable.


Reformas de Díaz-Canel alivian crisis, pero debilitan pilares del régimen.

Pero ahora, Cuba enfrenta un dilema similar. Por un lado, podría evolucionar hacia un modelo híbrido, al estilo de China o Vietnam, combinando liberalización económica con control político. Por otro, la apertura podría desencadenar dinámicas difíciles de contener, como el aumento de las desigualdades, una mayor presión social, el acceso a información externa y una posible fragmentación dentro del aparato estatal.

Existe también la posibilidad de una transición negociada con actores internacionales, especialmente Estados Unidos, que podría implicar el levantamiento parcial de sanciones a cambio de reformas más profundas y garantías para las élites del régimen.