102.000 inscriptos y solo 400 expositores: cómo serán las audiencias por Glaciares

La Cámara de Diputados abrió el debate por la reforma de la Ley de Glaciares con un dato que sintetiza la controversia: más de 102.000 personas se inscribieron para participar, pero solo 400 podrán exponer en las audiencias públicas. El esquema, definido por La Libertad Avanza, combina una jornada presencial y otra virtual, con 200 oradores en cada instancia, mientras que el resto deberá enviar sus aportes por escrito o en video.

La decisión generó un fuerte rechazo de la oposición y de organizaciones ambientalistas, que denuncian una limitación en la participación en uno de los debates más sensibles del año. Los diputados Nicolás Mayoraz y José Peluc, al frente de las comisiones, defendieron el formato como la única forma de ordenar una convocatoria inédita, aunque el malestar se instaló desde el inicio.

Las condiciones impuestas refuerzan esa tensión. Cada expositor cuenta con apenas cinco minutos, se restringió el ingreso a la sala y se limitó la cantidad de asesores por bloque. Incluso se implementó un operativo de seguridad con cortes de tránsito en las inmediaciones del Congreso, en paralelo a una movilización convocada por sectores sociales y ambientales que cuestionan el proceso.

El conflicto también escaló en el plano judicial. Aunque un primer amparo fue rechazado, persiste el reclamo de distintas organizaciones para garantizar la participación plena de los inscriptos. El eje de la discusión ya no pasa solo por el contenido de la ley, sino por la legitimidad del mecanismo elegido para tratarla.

Detrás de la discusión formal aparece el objetivo político del oficialismo: acelerar el trámite legislativo. En Casa Rosada consideran que la audiencia es un paso necesario pero no vinculante, y buscan avanzar rápidamente hacia el dictamen para llevar el proyecto al recinto en las próximas semanas.

La reforma en sí misma es uno de los puntos más sensibles. El proyecto propone modificar el criterio de protección de los glaciares y áreas periglaciares, lo que podría habilitar actividades hoy restringidas, especialmente vinculadas a la minería. También otorga mayor poder a las provincias para definir qué zonas preservar y cuáles habilitar para el desarrollo productivo.

Ese trasfondo explica la intensidad del debate. Para el Gobierno, se trata de una actualización necesaria para atraer inversiones y dinamizar la economía. Para la oposición, implica un retroceso en materia ambiental con impacto directo sobre recursos estratégicos como el agua.

Participación recortada y apuro político

El diseño de las audiencias dejó expuesta una lógica que atraviesa todo el tratamiento: frente a una convocatoria masiva, el oficialismo optó por un esquema restrictivo que garantiza control del proceso pero reduce el alcance real de la discusión pública. La brecha entre los más de 102.000 inscriptos y los 400 expositores se convirtió en el principal argumento de quienes cuestionan la legitimidad del debate.

En paralelo, el apuro por avanzar hacia el dictamen revela la prioridad política del Gobierno. Con una agenda cargada de conflictos —desde el caso $LIBRA hasta los cuestionamientos a Manuel Adorni—, La Libertad Avanza busca mostrar iniciativa legislativa y sostener su programa económico, aun cuando eso implique tensionar al máximo el vínculo con la oposición y los sectores movilizados.