Disturbios en el Congreso, chau fútbol: uno por uno, quiénes no irán a la cancha

El Ministerio de Seguridad Nacional oficializó este miércoles una serie de resoluciones que aplican el derecho de admisión a decenas de personas acusadas de protagonizar episodios de violencia durante las protestas de febrero en el Congreso contra el gobierno de Javier Milei.

Las medidas, publicadas en el Boletín Oficial bajo las resoluciones 256, 258, 259, 260 y 265/2026, establecen la “restricción de concurrencia administrativa” a espectáculos deportivos en todo el país, en la mayoría de los casos por tiempo indeterminado.

Extienden el derecho de admisión a manifestaciones públicas

Uno de los puntos centrales de las resoluciones es la aplicación de una normativa originalmente pensada para el fútbol a hechos ocurridos en protestas sociales.

El Gobierno se apoya en la modificación de la Resolución 354/2017 —introducida en 2025— que permite extender las sanciones a:

• Manifestaciones en la vía pública
• Concentraciones en espacios abiertos
• Eventos masivos, más allá del ámbito deportivo

De esta manera, el derecho de admisión deja de limitarse a hechos dentro de estadios y se utiliza como herramienta preventiva frente a personas consideradas “riesgosas” para la seguridad pública.

Los hechos: disturbios en el Congreso en febrero

Las sanciones se vinculan con dos episodios:

• 11 de febrero: disturbios en Plaza Congreso durante el debate en el Senado de la reforma laboral
• 19 de febrero: nuevos incidentes durante el tratamiento en Diputados de la refoma laboral

Según las resoluciones, grupos de manifestantes —muchos identificados con camisetas de clubes—:

• Arrojaron piedras, objetos punzantes y bombas molotov
• Atacaron a efectivos policiales
• Dañaron bienes públicos y privados
• Interfirieron el tránsito

Las actuaciones judiciales fueron caratuladas como “atentado y resistencia a la autoridad”, entre otros delitos.

Qué implica la “restricción de concurrencia administrativa”

La medida dispone:

• Prohibición de ingreso a cualquier estadio del país
• Incorporación de los sancionados al programa Tribuna Segura
• Aplicación en la mayoría de los casos por plazo indeterminado

Se trata de una sanción administrativa, independiente de las causas penales que puedan avanzar en la Justicia.

Lista completa de personas con derecho de admisión

Las resoluciones alcanzan a más de 30 personas identificadas por las fuerzas de seguridad. A continuación, el listado completo:

Resolución 256/2026

• Ulmer Gerardo Mauro
• Héctor Claudio Fermoselle
• Sebastián Planes
• Leonardo Danielo Recaite
• Cristian Alejandro Abregu
• Axel Fernando Chaperon Oviedo
• Javier Mendoza

Resolución 258/2026

• Ariel Martín Caleca
• Dylan Elías Sandoval
• Julio César Cardozo
• Denise Eliana Maimo
• Carlos Alberto Dawlowski
• Roberto Martín Cajal
• Junior Sandro Fleitas
• Enzo Daniel Mansilla

Resolución 259/2026

• Adrián Nahuel Inayen Gebel Hernandez
• Gastón Maximiliano Peloso
• Milton Iván Tolomeo

Resolución 265/2026

• Luis María Maidana
• Enzo Ezequiel Velásquez
• Pedro Alcaraz
• Franco André García Nahui
• Claudio Marcelo Figueroa
• Nicolás Ariel Biderman Grisi
• Carlos Damián Hinojosa
• Matías Nahuel Juárez
• Ricardo Héctor Capdevila
• Maximiliano Martín Orellana
• Juan Ramón Tofoleti
• Emilio Salgado Quintans
• Mauro Nicolás Giménez
• Pablo Julián Velázquez
• Diego Leandro Lescano

Resolución 260/2026

• Flavio Fernando Sosa (DNI 25.092.778)

En este caso, la restricción será por 24 meses, vinculada a hechos de violencia en un partido del Torneo Regional Amateur en Mendoza.

Argumentos oficiales: prevención y orden público

Las resoluciones sostienen que la medida busca prevenir nuevos hechos de violencia, garantizar la seguridad en espectáculos deportivos y evitar la presencia de personas consideradas peligrosas.

En ese marco, el gobierno argumentó que la gravedad de los hechos justifica la adopción de medidas administrativas inmediatas, más allá de los procesos judiciales en curso.

El impacto de estas medidas y su eventual judicialización abrirán un nuevo capítulo en el debate sobre seguridad, protesta y libertades públicas durante la gestión de Javier Milei.