El Gobierno apostaba a un objetivo ambicioso: que parte de los más de USD 200.000 millones que los argentinos guardan fuera del sistema financiero regresaran a los bancos y ayudaran a dinamizar el crédito.
Sin embargo, los primeros datos van en sentido contrario.
Desde que se reglamentó el esquema hasta el 20 de marzo, los depósitos en moneda extranjera del sector privado cayeron en USD 412 millones, en lugar de aumentar.
El 9/2 se reglamento la ley de Inocencia Fiscal .
— Amilcar Collante (@AmilcarCollante) March 25, 2026
Los depositos en U$S -sector privado- bajaron U$S 412 MM pic.twitter.com/ezgsuM7oJj
El dato expone una limitación clave del programa: la falta de confianza.
A pesar de los incentivos, los ahorristas no solo no llevaron sus fondos a los bancos, sino que incluso retiraron parte de los que ya estaban depositados.
En un país con historial de crisis financieras, la decisión de mantener los ahorros fuera del sistema sigue pesando más que cualquier estímulo oficial.
El sistema financiero tampoco mostró una postura uniforme frente a la iniciativa.
El Banco Nación fue la entidad que más activamente impulsó la medida. Incluso lanzó una campaña publicitaria con dos colchones “hablando” en una plaza, buscando convencer a los clientes de ingresar sus ahorros.
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— Banco Nación (@BancoNacion) February 27, 2026
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Pero el resto de las entidades se movió con mayor cautela.
El CEO de Banco Supervielle, Gustavo “Paco” Manríquez, reconoció que el programa comenzó a despertar interés, aunque admitió que todavía no se refleja en los números del sistema.
En la misma línea, Diego Rivas, CEO de Banco Galicia, fue más claro: “Seguimos exigiendo justificar el origen de los fondos”.
Es decir, pese al espíritu de la ley, las entidades continúan aplicando controles en línea con las normativas de la Unidad de Información Financiera (UIF).
La normativa reglamentada en febrero crea un régimen simplificado y opcional de Ganancias para personas físicas, con el objetivo de facilitar la formalización de ingresos.
Está dirigida a contribuyentes con ingresos anuales de hasta $1.000 millones y un patrimonio de hasta $10.000 millones. Entre los cambios más relevantes, elimina la obligación de informar variaciones patrimoniales y reduce los controles sobre consumos.
Además, la ARCA pasa a calcular el impuesto en base a los ingresos facturados y confecciona la declaración con la información disponible. Quienes cumplan en término quedan liberados de otras exigencias formales.
Desde el equipo económico, Luis Caputo insistió en que mantener los fondos dentro del sistema financiero es más conveniente, ya que permite obtener rendimiento y, al mismo tiempo, impulsar el crédito.
La lógica apunta a replicar lo ocurrido con el blanqueo de 2024, que ayudó a recomponer depósitos y a dinamizar la actividad.
Pero el contexto actual es distinto. Por ahora, la iniciativa no logra despegar. La caída en los depósitos deja en evidencia que la confianza sigue siendo el principal obstáculo para que esos recursos regresen al sistema.