El inicio de las audiencias públicas en el Congreso por la reforma de la Ley de Glaciares impulsada por el gobierno de Javier Milei y gobernadores cordilleranos desató un fuerte rechazo de la oposición, que cuestionó tanto el operativo de seguridad desplegado en la zona como la modalidad de participación definida para el debate.
Las críticas apuntan a una supuesta restricción de la participación ciudadana en un tema de alto impacto ambiental, en medio de un tratamiento legislativo que genera alta sensibilidad política. Ya tuvo su aprobación en el Senado y el gobierno apuesta a su sanción definitiva en abril.
Según la organización oficial de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina, las audiencias públicas se desarrollarán este miércoles y jueves bajo el siguiente esquema:
Desde la organización se indicó que la limitación responde a cuestiones de espacio y logística, y que los bloques deben restringir la presencia de asesores.
El diputado de Unión por la Patria Jorge Taiana cuestionó con dureza el esquema definido y advirtió que hay más de 120 mil personas inscriptas, pero que solo una porción mínima podrá exponer efectivamente durante las audiencias.
En ese sentido, planteó que no se está garantizando una participación ciudadana real en un “tema de enorme relevancia para el país”, lo que —según sostuvo— desnaturaliza el carácter público del proceso.
RESTRICCIÓN A LA PARTICIPACIÓN EN LA AUDIENCIA PÚBLICA POR GLACIARES.
— Jorge Taiana (@JorgeTaiana) March 25, 2026
Hay más de 120 mil inscriptos y solo permitirán hablar a menos del 1%.
No garantizan la participación ciudadana en un tema de enorme relevancia para la Argentina. https://t.co/BRtdi4GcqT
El despliegue de seguridad en las inmediaciones del Congreso también generó rechazo en sectores opositores.
Desde temprano se implementaron cortes de tránsito en distintos puntos clave:
El diputado socialista Esteban Paulón criticó el operativo y lo calificó como “delirante”: “Si de verdad querés dar un debate plural, basado en evidencias, no necesitás semejante fortaleza”, expresó.
AUDIENCIA, ¿PÚBLICA?
— Esteban Paulón (@EstebanPaulon) March 25, 2026
El operativo de seguridad para la simulación de “audiencia pública” por #Glaciares en @DiputadosAR es DELIRANTE.
Si de verdad querés dar un debate plural, basado en evidencias, no necesitas semejante fortaleza. pic.twitter.com/utudeQ0kFn
Las críticas también llegaron desde la provincia de Buenos Aires. La ministra de Ambiente, Daniela Vilar, cuestionó tanto el vallado como la modalidad del debate: “La audiencia ya de por sí es antidemocrática porque deja afuera al 99,5% de los inscriptos”.
En ese sentido, recalcó que el operativo en la Plaza del Congreso evidenciaba la falta de apertura del proceso.
La Plaza de los dos Congresos y todas las inmediaciones valladas y un mega operativo de seguridad por el inicio de la audiencia de la Ley de Glaciares. Una audiencia que ya de por sí es anti democrática porque deja afuera al 99,5% de los inscriptos. Queda claro que no es una ley… pic.twitter.com/nTgReRN8QQ
— Daniela Vilar (@danyvilar) March 25, 2026
La reforma en discusión busca modificar aspectos centrales de la actual Ley de Glaciares (Ley 26.639), sancionada en 2010 para proteger estas reservas estratégicas de agua.
Entre los principales cambios impulsados por el Gobierno y provincias cordilleranas se destacan:
El proyecto busca flexibilizar restricciones para permitir:
Se plantea actualizar criterios del inventario nacional, lo que podría impactar en la clasificación de áreas protegidas.
Además, el esquema propone incrementar la injerencia de las provincias en la regulación y control de actividades en zonas glaciares.
La discusión sobre la Ley de Glaciares combina intereses económicos, ambientales y políticos.
Por un lado, el Gobierno y gobernadores argumentan la necesidad de habilitar inversiones y desarrollo productivo en regiones cordilleranas. Por otro, la oposición y organizaciones ambientales advierten sobre riesgos para reservas estratégicas de agua dulce.