Massa defendió Sueños Compartidos, pero dejó una duda clave sobre su ejecución

El exministro de Economía y exintendente de Tigre, Sergio Massa, declaró como testigo en el juicio por el programa Sueños Compartidos y dejó una exposición con matices: defendió el esquema de urbanización, pero reconoció fallas en su ejecución que obligaron al municipio a sostener obras con recursos propios.

Ante el Tribunal Oral Federal N° 5, Massa repasó los convenios vinculados a la construcción de viviendas en barrios vulnerables como Garrote, San Pablo y Sinacina. Aclaró que esos acuerdos no fueron firmados por él directamente, ya que en ese momento se desempeñaba como jefe de Gabinete y el municipio estaba a cargo de un intendente interino.

Durante su testimonio, describió el modelo de intervención como un sistema de autoconstrucción con participación de los vecinos, al que consideró “altamente positivo” por su impacto social. Según explicó, el esquema incluía capacitación y reorganización del territorio antes de avanzar con nuevas viviendas.

Sin embargo, también expuso las limitaciones del programa. Señaló demoras en los circuitos administrativos entre Nación, Provincia y municipio, y admitió que hubo incumplimientos en la ejecución. En ese contexto, sostuvo que la comuna decidió continuar las obras con financiamiento propio cuando se interrumpió la asistencia nacional.

Massa detalló que el proceso de pagos no dependía directamente del intendente, sino de áreas técnicas y administrativas, y afirmó que no recuerda denuncias penales impulsadas desde el municipio en la etapa inicial. También ubicó la rescisión del vínculo con la Fundación entre 2011 y 2012, en paralelo al estallido público del caso.

El exfuncionario intentó sostener un equilibrio en su declaración: por un lado, reivindicó el impacto social del programa en un distrito con fuertes contrastes; por otro, reconoció problemas de ejecución que terminaron condicionando su desarrollo.

Entre el impacto social y las fallas estructurales

La declaración de Massa vuelve a poner en foco uno de los casos más sensibles de la obra pública reciente, donde conviven objetivos sociales con serias irregularidades en la gestión.

En un juicio que apunta a responsabilidades políticas y administrativas, su testimonio refuerza una idea incómoda: incluso los programas con mayor impacto pueden quedar atravesados por fallas estructurales cuando el control y la ejecución no funcionan.