Adorni se defiende: cuáles son los delitos por los que fue denunciado

Esta mañana el jefe de Gabinete, Manuel Adorni hizo su primera aparición pública en Casa Rosada desde el escándalo que lo puso bajo la lupa en las últimas semanas. El funcionario respondió preguntas de los periodistas y aseguró que su patrimonio fue construido antes de ingresar al Gobierno. Durante una conferencia en la Casa Rosada afirmó que trabajó más de 25 años en el sector privado y que no tiene “nada que esconder”, al rechazar cualquier irregularidad vinculada con sus bienes.

Sus declaraciones surgieron luego de cuestionamientos por distintos episodios, entre ellos viajes al exterior —como uno a Nueva York y otro a Punta del Este en avión privado junto a su esposa— y la compra de una propiedad en un country en Exaltación de la Cruz. Sobre esos puntos, sostuvo que no puede dar demasiados detalles porque existen investigaciones judiciales en curso, aunque insistió en la transparencia de su situación patrimonial.

En su mensaje también apuntó contra gestiones anteriores, especialmente el kirchnerismo, al remarcar que el actual gobierno mantiene “la vara alta” en materia de gasto público y que los salarios de los funcionarios se redujeron respecto de administraciones previas. Además, difundió en redes una foto con integrantes del Gabinete para mostrar respaldo político interno en medio de la controversia.

Respaldo presidencial

Luego de la conferencia, el presidente Javier Milei dio una clara muestra de apoyo a su jefe de Gabinete. Lo hizo fiel a uso estilo confrontativo, a través de un posteo en X en el que escribió: “La ignorancia es atrevida... Si un conjunto de ignorantes, ya sea por falta de formación o por un claro déficit de IQ, son alimentados por las turbias operetas de la política, ello los puede llevar a ver fantasmas donde no los hay y caer en un ridículo de brutalidad...”

La ignorancia es atrevida...
Si un conjunto de ignorantes, ya sea por falta de formación o por un claro déficit de IQ, son alimentados por las turbias operetas de la política, ello los puede llevar a ver fantasmas donde no los hay y caer en un ridículo de brutalidad...

— Javier Milei (@JMilei) March 25, 2026

De qué se lo acusa

Adorni enfrentó a la prensa con una única finalidad: limpiar su nombre frente a la acusación penal de la que fue objeto cuando se conocieron imágenes comprometedoras. Los diputados Esteban Paulón, Maximiliano Ferraro y Pablo Juliano lo denunciaron por la posible comisión de distintos delitos previstos en el Código Penal, con el objetivo de que la Justicia determine si existieron conductas del funcionario margen de la ley.

Según entendieron los denunciantes, los episodios en los que se mencionó el nombre de Adorni podrían encuadrar en figuras penales como malversación de caudales públicos, cohecho y tráfico de influencias. El abanico que se abrió a partir de ese momento es complejo, pero son figuras autónomas que hay que analizar por separado.

JAJAJAJAJA que plato! La que NO es fake es esta de @madorni subiéndose a un avión privado pagado por una productora que tiene contratos con… Adorni 🤡 https://t.co/w8vhvH1Nn4 pic.twitter.com/sBUE5x71J3

— Esteban Paulón (@EstebanPaulon) March 21, 2026

Las figuras que los diputados le atribuyen al jefe de gabinete están tipificadas en el Título XI Delitos Contra la Administración Pública. Como lo indica el título, en esta parte del Código, están todas las conductas que lesionan a la Administración Pública. Estos delitos pueden ser cometidos por funcionarios públicos, pero también por particulares, cuando sus actos perturben el normal funcionamiento de la citada Administración Pública.

Malversación de caudales públicos  

La malversación de caudales públicos está tratada en extenso entre los artículos 260 y 264 inclusive del Código Penal. La variante por al que denunciaron a Manuel Adorni es la que tipificada en el artículo 261 –peculado- que se configura cuando el funcionario emplea en provecho propio o de un tercero, trabajos o servicios pagados por una administración pública.

El delito queda consumado con el mero aprovechamiento indebido de los recursos o servicios. Si el funcionario tiene intención de restituirlos, o aunque lo haga, ello no lo sustrae de la acción penal en su contra. La pena en expectativa es de dos a diez años de prisión, además de inhabilitación para ejercer cargos públicos, dependiendo de la modalidad del hecho.

Cohecho

El cohecho (arts. 256 y 258) es el delito que comúnmente se conoce como soborno, coima o cometa. Se produce cuando un funcionario público que por sí o por persona interpuesta, recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta, para hacer, retardar o dejar de hacer algo relativo a sus funciones.

Este delito se puede cometer de dos maneras: siendo funcionario, basta con aceptar lo que le dan. Siendo particular, poniendo a disposición del funcionario dinero o bienes para pagar el favor. Las penas para el funcionario suelen ir de uno a seis años de prisión, además de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos.

Esta figura aplicaría en caso de que el viaje de Adorni y familia a Punta del Este en los feriados de carnaval a bordo de un avión privado, haya sido pagado por un particular a cambio de un acto que Adorni haya realizado, demorado, o desestimado, para beneficiar a quien corrió con todos los gastos.

Tráfico de influencias

Por último, aparece la figura de tráfico de influencias, en el artículo 256 bis. Ocurre cuando un funcionario –personalmente o a través de emisarios- utiliza su posición o sus contactos dentro del Estado para influir en decisiones administrativas o judiciales a cambio de un beneficio para sí. La ley prevé penas que van de uno a seis años de prisión, también con inhabilitación para ocupar funciones públicas.

La denuncia contra Adorni manifiesta que en un mismo hecho pudieron configurarse los tres delitos al mismo tiempo. Cuando pasa esto, el derecho penal habla de concurso de delitos. Puede ser concurso ideal (un solo hecho que viola varias normas penales) o concurso real (varios hechos distintos que constituyen delitos independientes). En esos casos el juez aplica reglas específicas para fijar la pena: en general se toma la pena más grave.

Enriquecimiento ilícito

Otra denuncia penal que tiene a Manuel Adorni contra las cuerdas es la que realizó la diputada nacional Marcela Pagano, por presunto enriquecimiento ilícito del ex periodista devenido jefe de gabinete. La legisladora y periodista le atribuyó titularidad de una casa ubicada en el country Indio Cua Golf Club, en la localidad bonaerense de Exaltación de la Cruz.

De acuerdo con la última declaración jurada de Adorni, el ex panelista de televisión tiene dos departamentos -uno en Parque Chacabuco compartiendo el dominio con su esposa y uno en La Plata- más 50.000 dólares en efectivo y deudas por 90.000. Tomando como base esos números, la diputada afirma que hay una inconsistencia entre lo declarado y lo que realmente tendría el jefe de gabinete.

Esta escritura también fue originada con IA ⁦@madorni⁩ ?La fecha en que escrituraste supone que debías haberla declarado en tu última DDJJ (estás alcanzado por la ley 25.188, art 6: La declaración debe detallar los bienes del cónyuge del declarante) https://t.co/knAVM7lwkG

— Marcela Pagano (@Marcelampagano) March 20, 2026

Qué es el enriquecimiento ilícito

En el derecho penal argentino, el delito de enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos está previsto en el artículo 268 del Código Penal. Es otro delito que forma parte del Título XI Delitos Contra la Administración Pública. La norma establece que comete este delito el funcionario que, durante el ejercicio de su cargo o hasta dos años después de haberlo dejado, no pueda justificar un incremento apreciable de su patrimonio propio o de personas interpuestas.

La figura apunta a sancionar el aumento patrimonial injustificado derivado del aprovechamiento de la función pública y prevé penas de prisión, multa e inhabilitación para ejercer cargos públicos. La pena en expectativa es de dos a seis años de prisión, multa de dos a cinco veces del valor del enriquecimiento, e inhabilitación absoluta perpetua

Casos recientes en la historia argentina

En la historia reciente hubo varios casos resonantes vinculados a esta figura. El exsecretario de Transporte Ricardo Jaime, fue condenado a ocho años de prisión. El exvicepresidente Amado Boudou cumplió una condena de cinco años de cárcel por la misma figura.

Otro caso resonante fue el del exsecretario de Obras Públicas José López -conocido por el episodio de los bolsos con millones de dólares en un convento- fue sancionado con una pena privativa de la libertad por trece años, unificada por delitos de enriquecimiento ilícito y administración fraudulenta.