El expediente que durante años estuvo bajo la lupa vuelve a poner el foco en quienes lo condujeron. A casi dos décadas del femicidio de Nora Dalmasso, la Justicia de Córdoba avanza con el proceso contra los fiscales que intervinieron en la investigación y que ahora serán sometidos a un jury por presunto mal desempeño y negligencia.
Según informaron fuentes del caso, el proceso contra Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro podría comenzar el próximo 21 de abril, aunque la fecha aún no fue confirmada de manera definitiva. La puesta en marcha del juicio político depende de la resolución de distintas cuestiones pendientes que, de acuerdo a los voceros, deberían definirse antes del 28 de mayo.

El fiscal general de Córdoba, Juan Manuel Delgado, fue quien impulsó las acusaciones ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios Judiciales, en un expediente que busca determinar eventuales responsabilidades en la conducción de una de las investigaciones más emblemáticas de la provincia.
Durante el desarrollo del jury se prevé la declaración de entre 40 y 45 testigos, lo que da cuenta de la complejidad del análisis que deberá realizar el tribunal sobre el desempeño de los funcionarios judiciales.

El proceso se inscribe en el contexto de una causa que, casi 20 años después del hecho, aún sigue en movimiento. Nora Dalmasso fue encontrada muerta el 26 de noviembre de 2006 en la habitación de su hija, en una vivienda del barrio Villa Golf de Río Cuarto.
Actualmente, el único imputado es Roberto Bárzola, de 45 años, quien fue señalado como presunto autor del crimen a partir de pruebas de ADN. Al momento del hecho, trabajaba como parquetista en la casa.

En paralelo al avance del jury, la investigación penal también registró movimientos recientes. Días después de la admisión del proceso contra los fiscales, el fiscal Pablo Jávega dio por finalizada la instrucción y solicitó la elevación a juicio oral de Bárzola por el delito de abuso sexual seguido de muerte.
Sobre esa decisión, Jávega aclaró que el cierre de la pesquisa “no es una rebelión ni resistencia”, y explicó que la resolución aún se encuentra bajo revisión, por lo que no está firme. En ese marco, sostuvo que el Ministerio Público Fiscal mantiene la obligación de impulsar la investigación mientras el trámite judicial continúe abierto.
De este modo, el caso Dalmasso suma un nuevo capítulo, esta vez centrado en el análisis del accionar de los fiscales que llevaron adelante una investigación que, durante años, estuvo marcada por cuestionamientos.