Guatemala y Perú: la justicia que cambia la economía sin que se note

La denuncia de Jordán Rodas sobre la captura del sistema judicial en Guatemala no es un fenómeno aislado dentro de América Latina. Su diagnóstico, centrado en la alianza entre élites económicas y estructuras de poder como el Ejército, expone una lógica más amplia donde la justicia deja de funcionar como árbitro neutral. En este contexto, la institucionalidad pierde su capacidad de ordenar el sistema político y económico, generando efectos que trascienden lo jurídico.

Un paralelo evidente se observa en Perú, donde la crisis política crónica y los escándalos de corrupción han debilitado severamente la credibilidad del sistema judicial. A diferencia de Guatemala, el problema peruano no se articula en torno a un actor único, sino a una red más difusa entre política, empresas y operadores judiciales. Sin embargo, el resultado converge: un sistema que no logra garantizar previsibilidad ni seguridad jurídica, condiciones básicas para el funcionamiento económico.

Guatemala 

Captura institucional y distorsión económica

En Guatemala, la persistencia de estructuras de poder que bloquean procesos judiciales genera un entorno donde la impunidad se convierte en norma. Esto no solo afecta a las víctimas directas, sino que también distorsiona los incentivos económicos. La ausencia de sanciones efectivas favorece prácticas informales y desalienta la competencia, consolidando mercados menos eficientes y más concentrados.

En Perú, los efectos se manifiestan a través de la inestabilidad política recurrente. La sucesión de presidentes investigados o destituidos, junto con conflictos entre poderes del Estado, ha impactado directamente en sectores estratégicos como la minería y la infraestructura. La judicialización de la política introduce incertidumbre regulatoria, lo que retrasa inversiones y encarece proyectos de largo plazo.

Guatemala y Perú comparten justicia debilitada que eleva riesgo e inversión.

Riesgo país y efectos regionales

Ambos casos convergen en un punto crítico: el deterioro de la confianza. Cuando los sistemas judiciales son percibidos como parciales o capturados, el riesgo país aumenta de forma sostenida. Esto se traduce en mayores costos de financiamiento y en una menor llegada de capital externo. La inseguridad jurídica actúa como un impuesto invisible sobre la economía, reduciendo el potencial de crecimiento.

La captura judicial distorsiona mercados y agrava la inestabilidad política.

Además, estos procesos generan externalidades regionales. En Guatemala, la falta de justicia y oportunidades impulsa flujos migratorios que impactan en otras economías, especialmente en Estados Unidos. En Perú, la inestabilidad afecta cadenas de suministro y decisiones de inversión en toda la región andina. La fragilidad institucional deja de ser un problema interno y se convierte en un factor de contagio económico, con implicancias geopolíticas más amplias.