Octógonos negros en supermercados: Milei aflojó y en PBA quieren una prohibición

El diputado bonaerense Ricardo Lissalde presentó un proyecto de ley en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires que propone prohibir la exhibición de alimentos ultraprocesados, golosinas y bebidas con alto contenido de azúcar o sodio en las inmediaciones de las cajas registradoras de supermercados y comercios similares.

La iniciativa apunta a modificar los entornos de consumo y reforzar políticas de salud pública, en línea con la Ley Nacional de Etiquetado Frontal.

Qué propone el proyecto

La iniciativa establece la prohibición de exhibir determinados productos en un radio de tres metros alrededor de las líneas de caja y en las zonas de espera. La medida alcanzaría a supermercados, hipermercados, autoservicios, farmacias con venta de alimentos y cualquier comercio de modalidad autoservicio con más de dos cajas.

En ese espacio, considerado como “área de exclusión”, no podrán ofrecerse productos ultraprocesados ni aquellos con altos niveles de azúcares, grasas o sodio. En su lugar, los comercios podrán disponer alternativas más saludables como frutas frescas, frutos secos sin agregados, semillas, productos integrales o alimentos con perfil nutricional adecuado según la normativa vigente.

El proyecto también contempla la obligación de exhibir cartelería con mensajes de promoción de hábitos saludables —como “Elegir opciones saludables mejora tu calidad de vida”— y prohíbe el uso de estrategias de marketing dirigidas a niños en esas zonas, incluyendo personajes, premios o animaciones.

Fundamentos: el rol del “marketing por impulso”

Uno de los ejes centrales de la iniciativa es el cuestionamiento al denominado “marketing por impulso”. Según argumenta Lissalde, la ubicación de golosinas y snacks en las cajas no es casual, sino una estrategia diseñada para estimular compras no planificadas en momentos de vulnerabilidad del consumidor.

El proyecto se apoya en estudios de economía conductual que indican que el tiempo de espera en la fila genera “fatiga de decisión”. En ese contexto, el autocontrol disminuye y aumenta la probabilidad de adquirir productos de alta palatabilidad —ricos en azúcares y grasas— sin una decisión consciente.

En esa línea, la propuesta no prohíbe la venta de estos productos, sino que busca eliminar el estímulo ambiental que induce al consumo automático en el tramo final de la compra.

Obesidad infantil y “pester power”

La iniciativa también pone el foco en la obesidad infantil, a la que define como una problemática creciente en Argentina. De acuerdo con datos de la Segunda Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (ENNyS 2), el país presenta altos niveles de exceso de peso en niños menores de cinco años.

En este contexto, el proyecto advierte sobre el fenómeno conocido como “pester power”, es decir, la presión que ejercen los niños sobre los adultos para que compren productos que ven a su alcance, especialmente cuando están ubicados a la altura de su vista en las cajas.

La regulación propuesta busca reducir esa exposición y limitar prácticas comerciales consideradas agresivas hacia las infancias.

Un complemento de la Ley de Etiquetado Frontal

El texto de Lissalde plantea que la iniciativa funciona como un refuerzo de la Ley Nacional 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable, conocida como ley de etiquetado frontal.

Según los fundamentos, de poco sirve que un producto tenga sellos de advertencia —como “Exceso en azúcares” o “Exceso en sodio”— si el entorno comercial está diseñado para fomentar su consumo impulsivo sin que el consumidor siquiera llegue a leer la etiqueta.

En ese sentido, el proyecto apunta a avanzar hacia “entornos no obesogénicos”, donde la opción saludable sea la más accesible y visible.

El contraste con la flexibilización impulsada por Milei

La propuesta se inscribe en un contexto de debate nacional sobre políticas alimentarias. En diciembre de 2024, el gobierno de Javier Milei introdujo cambios en la reglamentación de la ley de etiquetado frontal a través de la Disposición 11.362/2024 de la ANMAT.

La modificación estableció que, para determinar si un producto debe llevar sellos de advertencia, solo se consideren los nutrientes críticos agregados durante el proceso productivo —como azúcares, grasas o sodio añadidos— y no aquellos intrínsecos al alimento.

Este cambio redujo el universo de productos alcanzados por el etiquetado, lo que, según organizaciones como la Fundación Interamericana del Corazón (FIC), podría alterar la percepción del consumidor sobre la calidad nutricional de los alimentos.

Incluso, en aquel momento, sectores libertarios plantearon directamente la posibilidad de eliminar o derogar la ley, al considerarla una intervención excesiva del Estado.

En este escenario, el proyecto de Lissalde aparece como una iniciativa en sentido contrario, al buscar profundizar las políticas de regulación del entorno alimentario y reforzar herramientas de prevención en salud pública.

Antecedentes en otras provincias

El legislador bonaerense también destaca que existen antecedentes similares en otras jurisdicciones del país. Provincias como Río Negro, Neuquén, Chubut y Entre Ríos ya avanzaron con normativas que restringen la exhibición de productos ultraprocesados en las líneas de caja.

Estas iniciativas comparten el objetivo de desalentar el consumo de alimentos no saludables y promover entornos comerciales más favorables para la toma de decisiones conscientes.

En definitiva, la propuesta de Lissalde vuelve a poner sobre la mesa la tensión entre la libertad de empresa y la salud pública, que también sobrevuela en el debate de los famosos octógonos negros.