La primera jornada de debate por la reforma de la Ley de Glaciares en la Cámara de Diputados se transformó en un escenario de conflicto judicial y político. El evento, que debía funcionar como una instancia de participación ciudadana previa al tratamiento del proyecto de Javier Milei, quedó marcado por el anuncio de una denuncia penal contra una legisladora nacional y el despliegue de vallas en las inmediaciones del palacio legislativo.
El abogado ambientalista Enrique Viale fue el encargado de lanzar la acusación más grave de la tarde al señalar vínculos comerciales entre la política y las corporaciones mineras. El clima de tensión se trasladó también al interior de la sala, donde la oposición impugnó formalmente el proceso por considerar que se restringió el acceso a la palabra a más del 99% de los inscriptos.
El abogado Enrique Viale anunció que denunciará penalmente a la senadora Flavia Royón por presunto cohecho e incompatibilidad en la función pública, tras acusarla de poseer una consultora que asesora a la multinacional Río Tinto mientras vota a favor de modificar la protección de los glaciares.
La denuncia anunciada por Viale sostiene que existe un conflicto de intereses directo en la actuación de la legisladora. Según el titular de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Royón no representa los intereses de la provincia de Salta, sino de las compañías del sector. "Representa a las mineras directamente", sentenció el letrado durante su exposición oral.
El abogado ambientalista, Viale dijo que irá a la justicia a presentar una denuncia penal por incompatibilidad de la función pública y cohecho en contra la senadora Flavia Royon a quien acusó de representar a Río Tinto. También dijo que Peluc se reunió con empresarios del sector. pic.twitter.com/wqUT3x8ajK
— Verónica Benaim (@VeBenaim) March 25, 2026
La acusación técnica se basa en la existencia de una consultora privada, propiedad de la funcionaria, que brindaría servicios de asesoramiento a Río Tinto, una de las empresas que se vería beneficiada por la flexibilización de los controles en las zonas periglaciares. Para los denunciantes, esta relación configura el delito de cohecho e incompatibilidad, dado que su voto en el Senado de la Nación fue clave para otorgar la media sanción al proyecto oficialista.
Flavia Royón es una figura central en el esquema energético y minero del país. Antes de asumir su banca como senadora nacional en representación del gobernador Gustavo Sáenz, se desempeñó como Secretaria de Minería de la Nación y, previamente, como Secretaria de Energía durante la gestión de Sergio Massa en el Ministerio de Economía.

Su trayectoria está íntimamente ligada al sector privado y al desarrollo de proyectos extractivos en el norte argentino. Aunque la legisladora niega las acusaciones, su consultora es señalada por la oposición como el nexo que permitiría a multinacionales como Glencore, Barrick Gold y la mencionada Río Tinto influir en la redacción de normativas ambientales que hoy frenan inversiones por miles de millones de dólares.
La audiencia “pública” más loca del mundo. No dejan entrar a los expositores, quieren cerrar la puerta. Gritos en la puerta de la sala por la reforma a la ley de glaciares pic.twitter.com/LqJAz3VFXT
— Jesica Calcagno (@Jesi_mc) March 25, 2026
El dato que generó mayor indignación entre las organizaciones sociales fue la brecha entre los ciudadanos interesados y los habilitados para hablar. De un total de 105.000 inscriptos para participar de la audiencia pública, la presidencia de la cámara, a cargo de Martín Menem, solo permitió que 360 personas expusieran de manera oral (un 0,3% del total).

Esta decisión fue calificada como una "farsa institucional" por los colectivos socioambientales. Además, se denunció que el personal de seguridad impidió el ingreso de personas que estaban confirmadas en la lista de oradores, mientras que el oficialismo redujo el tiempo de las ponencias de cinco a cuatro minutos una vez iniciada la jornada.
La tensión acumulada derivó en incidentes físicos y verbales. En uno de los momentos más críticos, el diputado libertario Sebastián Pareja y el sindicalista Mario “Paco” Manrique (de Unión por la Patria) casi terminan a los golpes de puño. El altercado comenzó cuando el armador de La Libertad Avanza exigió a los gritos que se respetara el tiempo de los oradores, lo que provocó la reacción airada de Manrique, quien tuvo que ser contenido por sus pares.

Otro pico de conflicto ocurrió cuando le cortaron el micrófono a la ministra de Ambiente bonaerense, Daniela Vilar, mientras criticaba el arresto de la expresidenta Cristina Kirchner. Por su parte, el diputado Nicolás Del Caño increpó a las autoridades de las comisiones por el "salón vacío", denunciando que se buscaba simular un debate democrático para ocultar la entrega de recursos hídricos.
"Sólo el 0.4 % de los inscriptos a la audiencia pública puede hablar"
— Corta (@somoscorta) March 25, 2026
Marta Maffei, exdiputada y autora de la Ley de Glaciares, dijo que la modificación "omite los recaudos legales" y afirmó que la exposición es una farsa: "Mi participación no convalida esta aberración". pic.twitter.com/f9slaMwHLx
Las voces de mayor autoridad académica y ética fueron unánimes en el rechazo a los cambios propuestos por el Poder Ejecutivo:
El diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) encabezó un pedido formal de impugnación de la audiencia pública. Su planteo sostiene que el método de selección de expositores fue arbitrario y que vulnera la Ley General del Ambiente. "Se decidió limitar la participación al 0,3% y silenciar las voces", denunció el legislador, quien exige la nulidad de lo actuado y una nueva convocatoria abierta.
GLACIARES: IMPUGNAMOS LA AUDIENCIA PÚBLICA.
— maxi ferraro 🎗️ (@maxiferraro) March 25, 2026
Estamos frente a una audiencia pública que se transformó en una farsa. Hace minutos presentamos formalmente una impugnación, junto a diputados integrantes de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de…
Por su parte, el bloque de Unión por la Patria, representado por las diputadas Sabrina Selva y Gabriela Estévez, acompañó la impugnación subrayando que el oficialismo "cercenó la participación de manera arbitraria". Argumentan que el formato mixto (videos y escritos) no reemplaza la oralidad y el debate sincrónico que exige la normativa ambiental vigente y los tratados internacionales firmados por la Argentina.
El corazón del proyecto de Javier Milei busca redefinir qué áreas de la montaña están protegidas y cuáles no. Los puntos clave de la reforma son:
TM