Una reciente resolución de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Plata, que involucra a una pyme láctea bonaerense, podría marcar un antes y un después en materia de derechos y límites de la protesta gremial.
Se trata del bloqueo y la toma de la planta Lácteos Mayol, ubicada en la localidad de Gobernador Udaondo, en el partido de Cañuelas.
Los hechos que serán objeto de juicio oral ocurrieron en 2021, durante una protesta sindical por presuntas irregularidades en las afiliaciones de algunos trabajadores de la firma.
Si bien los fallos de primera instancia habían sido favorables a los gremialistas, la revisión de la Cámara representó un vuelco en la causa: los jueces consideraron que existen elementos suficientes para llevar a juicio a los 27 imputados, entre ellos un referente sindical de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA).
La decisión se produce en plena discusión por los alcances y la instrumentación de la reforma laboral, que incluye entre sus puntos más sensibles las restricciones al derecho de huelga, a partir de la ampliación de actividades consideradas esenciales.
El bloqueo y la ocupación de la fábrica de Lácteos Mayol, ocurridos en plena pandemia en 2021, se transformaron en un caso emblemático de las disputas entre empresarios y sindicalistas.
La visibilidad que tomó el conflicto en medios nacionales impulsó al Movimiento Empresarial Antibloqueo (MEAB), una organización nacida en 2020 para combatir a las “patotas sindicales” que, según la entidad, impiden trabajar a pequeñas y medianas empresas.
El MEAB brinda actualmente asistencia legal y capacitaciones a empresarios para afrontar disputas laborales con los sindicatos. Sus vínculos alcanzan incluso a la exministra de Seguridad Patricia Bullrich y a la senadora bonaerense Florencia Arietto.
Hace unos años estuve con ellos, defendiendo a la empresa. Un grupo de violentos del sindicato de ATILRA frenó la producción, rompió la fabrica, robó, amenazó y obligó a tirar miles de litros de leche.
— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) March 19, 2026
Siempre el mismo método: apretar para imponer.
La razón: un convenio hecho… https://t.co/LiFSwlVeY8 pic.twitter.com/4Q15Iibcs8
El caso remite a 2021, cuando un grupo de trabajadores protagonizó una protesta con toma del predio fabril ubicado en el kilómetro 51 de la Ruta Provincial Nº 16.
Aunque en primera instancia la mayoría de los hechos no habían sido encuadrados como delitos y el Juzgado de Garantías había dictado el sobreseimiento de los imputados —solo se mantenía la acusación contra el líder sindical Guillermo Arregui, titular de ATILRA Cañuelas, por coacción agravada—, la Cámara de Apelaciones imprimió un giro trascendental en la causa.
En segunda instancia, los jueces hicieron lugar al pedido de la particular damnificada —una de las empresarias de la firma—, representada por el abogado Pablo Abdón Torres, quien logró una revocatoria parcial que llevará a juicio a los involucrados.
Según sostuvo el letrado, los manifestantes habrían impedido el ingreso al predio de sus dueños y empleados “mediante agresiones verbales, obligando a los empleados a sumarse a la protesta mediante amedrentamiento, falso asesoramiento laboral y amenazas”.
Agregó que durante el acampe los involucrados utilizaron las instalaciones de la empresa, “a la cual ingresaron mediante el corte de candados y por la fuerza”, provocando “daños al transformador eléctrico de la fábrica, corte de cables, daños en las cámaras de seguridad, en candados y en un vehículo Toyota Etios propiedad de la empresaria”.
Además, señaló que se habrían apropiado ilegítimamente —mediante el empleo de fuerza— de combustible, mercadería (al menos cuarenta potes de dulce de leche y varios quesos) y llaves de arranque de dos camiones.
La defensa de los acusados reiteró que se trató de un reclamo legítimo por “irregularidades relativas a las afiliaciones sindicales de los empleados, que debían ser regularizadas”.
Acampe en #Cañuelas bancando a los compañeros de #LácteosMayol.
— AtilraGR (@Atilra_GR) March 1, 2021
La patronal se niega a regularizar el pago de sus salarios y las cargas sociales.
Exigimos que cumplan con lo que por derecho le corresponde a los trabajadores.
Unidad, solidaridad y lucha.#Atilra ✊ pic.twitter.com/UVgUBDwTo7
La decisión de llevar a juicio a todos los involucrados fue adoptada de forma dividida. Mientras uno de los jueces coincidió con el criterio de primera instancia respecto de la falta de elementos suficientes para individualizar responsabilidades —y solo consideró reprochable la conducta de Arregui por coacción agravada—, el resto de los magistrados optó por la revocatoria.
“Es posible inferir fundadamente que el dominio de los hechos correspondió a todos los integrantes identificados del colectivo, no a la actuación particular de cada uno, sino a un accionar conjunto en el marco de un plan común”, sostuvieron.
A partir de la revocatoria parcial, la Cámara ordenó la elevación a juicio de todos los acusados por los delitos de "Robo agravado en poblado y en banda, daño y amenazas coactivas, en concurso ideal".
A instancia de juicio oral llegarán los sindicalistas Guillermo Facundo Arregui, Juan Carlos Esnaola, Carlos Miguel Barbero, Eduardo Fabián Mujica, Dante Heradio Lugo, Damián Ezequiel Muñoz, Darío Ricardo Montivero, Eduardo Ismael Rodríguez, Juan Pablo Miño, Néstor Fabián Bordón, Ramón Darío Miño, Cristian Edgardo Flores, Walter Raúl Ojeda, Héctor Ramón Díaz Inchauste, Maximiliano Eduardo Nicolás Casco y Jacinto Fabián Taborda.
También Alejandro Maximiliano Juárez, José Luis Méndez, Pablo Daniel Duville, Daniel Antonio Delari, César Sebastián Núñez, Hernán Alberto Galetto, Hernán Olive, Marcelo Adrián Madona, Maximiliano Luis Daniel Navarro, Julio César Sigales y Sergio Patricio Costa.