La causa judicial que investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunta malversación de caudales públicos comenzó a registrar sus primeros movimientos concretos. El expediente, que tramita en el juzgado de Ariel Lijo, apunta a esclarecer el financiamiento de una serie de vuelos privados que el funcionario realizó en los últimos meses y que quedaron bajo sospecha por el posible uso irregular de recursos estatales.
Entre las primeras medidas, el magistrado solicitó información a la empresa de aviación privada Alpha Centauri para reconstruir los traslados realizados desde el aeropuerto de San Fernando hacia el exterior, particularmente aquellos que tuvieron como destino Uruguay. La investigación busca determinar quiénes integraron las comitivas, bajo qué condiciones viajaron y quién afrontó los costos de esos vuelos.
Y los datos?
— Esteban Paulón (@EstebanPaulon) March 26, 2026
Y las facturas?
Y las declaraciones juradas?
O se supone que es FAKE porque lo dicen ustedes?
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La pesquisa -que tuvo lugar horas después de la polémica conferencia de prensa de Adorni en Casa Rosada- se originó a partir de una denuncia presentada por el diputado socialista Esteban Paulón, quien pidió que se investigue el viaje en avión privado a Punta del Este. En ese contexto, el fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó al juzgado una orden de presentación —con allanamiento en subsidio— para que la compañía entregue documentación comercial, contable y bancaria vinculada a los traslados realizados entre San Fernando y Laguna del Sauce durante febrero de 2026.
Uno de los puntos clave de la investigación es una factura por 42.250 dólares asociada a un supuesto “paquete de diez vuelos”. La fiscalía intenta establecer si el traslado bajo análisis fue imputado total o parcialmente a ese esquema y, en consecuencia, determinar quién pagó efectivamente el servicio.
La Justicia también puso la lupa sobre el periodista Marcelo Grandío, quien habría compartido uno de los vuelos con el funcionario. Para reconstruir el vínculo y el motivo de su presencia en la aeronave, se solicitaron informes a la ARCA, la Oficina Nacional de Contrataciones y la Televisión Pública. El objetivo es establecer si existía alguna relación contractual con el Estado o si se trató de un acompañante sin función oficial.

Como parte de las medidas de prueba, la fiscalía pidió además el levantamiento del secreto fiscal tanto de la empresa involucrada como del periodista mencionado, con el objetivo de verificar la autenticidad de las facturas, su correlato tributario y las registraciones en los libros contables. De ese modo, los investigadores buscan seguir la ruta del dinero y determinar si hubo beneficios indebidos o utilización irregular de fondos públicos.
La causa se suma a otras denuncias que en las últimas semanas colocaron a Adorni en el centro de la escena política y judicial. Mientras el oficialismo respalda al funcionario, en tribunales federales comienza a avanzar una investigación que podría arrojar luz sobre el financiamiento de los viajes y el eventual uso de recursos estatales con fines privados.