El ”call center” carcelario: la maniobra con la que intentaron estafar a dos jueces

Tres internos de la Unidad Penitenciaria N°35 de Magdalena fueron acusados de montar un sistema de estafas telefónicas que tuvo como víctimas a dos jueces de San Isidro.

El expediente se abrió el 19 de febrero pasado, cuando el magistrado Luis Cayetano Cayuela denunció que había perdido el control de su cuenta de WhatsApp tras recibir un llamado de un supuesto empleado de correo Andreani. El interlocutor le pidió un código de verificación que había llegado a su teléfono y, tras obtenerlo, accedió a la cuenta.

A partir de ese momento, el atacante se hizo pasar por el juez y comenzó a solicitar dinero a sus contactos, en una maniobra clásica de suplantación de identidad.

Días después, el juez Juan Eduardo Stepaniuc recibió un llamado con la misma modalidad, pero en ese caso logró frenar la maniobra tras ser alertado por un colega.

Con esas dos denuncias, la investigación avanzó con tareas de inteligencia y análisis de comunicaciones que permitieron detectar un patrón: múltiples llamados diarios a distintas víctimas utilizando distintas excusas para obtener códigos y contraseñas.

Falsos empleados

Según establecieron los investigadores, los delincuentes simulaban ser empleados de Andreani, de la empresa Movistar o del soporte técnico de WhatsApp. El objetivo era siempre el mismo: tomar control de cuentas y luego solicitar transferencias de dinero.

El dato clave surgió del cruce de líneas telefónicas: las comunicaciones provenían del interior de la Unidad 35 de Magdalena. Allí, los propios internos denominaban la maniobra como un “call center carcelario”.

Con esa información, se ordenó un allanamiento en el pabellón 7, celda 3, donde se secuestraron seis teléfonos celulares, cargadores y tarjetas SIM.

En el procedimiento fueron identificados como responsables Gabriel Giménez —señalado como líder— junto a Juan Acuña y Facundo Ponce, todos alojados en el mismo sector del penal.

Giménez cumple actualmente una condena de tres años y medio por robo doblemente agravado y registra otra sentencia de diez años por robo agravado con armas.

La causa quedó a cargo de la UFI de Ciberdelitos de la Zona Norte, conducida por el fiscal Patricio Ferrari, con intervención del Juzgado de Garantías N°4.