La Corte intervino en el caso Loan y resolvió quién investigará una denuncia por calumnias

La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que la Justicia nacional ordinaria con asiento en la Ciudad de Buenos Aires deberá intervenir en la causa por calumnias iniciada por el ex gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, contra el titular de la Fundación La Alameda, Gustavo Vera.

La decisión se adoptó al dirimir un conflicto de competencia entre un juzgado de Corrientes y el Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 29 de la Ciudad de Buenos Aires, que se habían declarado incompetentes para continuar con el trámite.

El caso tiene origen en declaraciones realizadas por Vera en una entrevista televisiva, en la que vinculó al Ejecutivo provincial con presuntas redes de trata de personas, en el contexto de la desaparición de Loan Peña, el niño de 5 años visto por última vez el 13 de junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio.

Ante la denuncia, la Justicia de Corrientes entendió que el hecho debía ser investigado en la Ciudad de Buenos Aires, ya que allí se emitió el programa y se encontraban los elementos probatorios. A su vez, el juzgado porteño rechazó intervenir al considerar que el delito de calumnias no había sido transferido a la órbita de la justicia local.

El dictamen de Casal

La contienda fue elevada a la Corte Suprema, que siguió el dictamen del procurador general interino, Eduardo Casal. En su opinión, sostuvo que los delitos de calumnias e injurias deben considerarse cometidos en el lugar donde se exteriorizan las expresiones presuntamente agravantes y, en caso de difusión por medios de comunicación, en el sitio desde donde se generó y difundió la información.

Bajo ese criterio, concluyó que correspondía la intervención de la Justicia nacional ordinaria de la Capital Federal, aun cuando ese fuero no hubiera sido parte de la disputa inicial.

El máximo tribunal adoptó ese criterio y dispuso remitir las actuaciones a la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional, que deberá sortear el juzgado que quedará a cargo de la investigación.

Con esta resolución, la Corte puso fin a la disputa entre jurisdicciones y permitió reencauzar el trámite de una causa que había quedado sin avance por la falta de definición sobre el tribunal competente.