La investigación judicial sobre los viajes del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dio un giro tras la declaración testimonial de Agustín Issin, el broker aeronáutico y piloto que gestionó el vuelo privado a Punta del Este. Durante una audiencia de casi cuatro horas en los tribunales de Comodoro Py, el testigo aseguró bajo juramento que el pago de los pasajes no fue realizado por el funcionario nacional, sino por un tercero.
Pocas horas después de este testimonio, la Justicia ordenó un procedimiento de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en las oficinas de la TV Pública. El objetivo del allanamiento fue retirar los contratos de Marcelo Grandío, el periodista que habría financiado el traslado de la familia Adorni mientras mantiene vínculos comerciales con el canal estatal que depende directamente de la jefatura de ministros.
El piloto Agustín Issin declaró que el vuelo de regreso de Manuel Adorni costó 3.000 dólares, fue pagado en efectivo por el periodista Marcelo Grandío a través de un intermediario llamado “Horacio” y la factura se emitió recién el 9 de marzo, tres semanas después del viaje.
La investigación judicial se inició para determinar si el jefe de Gabinete recibió beneficios irregulares, conocidos legalmente como dádivas, al viajar a Uruguay durante el fin de semana de carnaval de 2026. La sospecha principal es que los vuelos fueron pagados por empresarios o contratistas del Estado, lo que violaría la Ley de Ética Pública.

El caso cobró relevancia pública tras la difusión de un video donde se observa al funcionario subir a un avión privado en el Aeropuerto Internacional de San Fernando junto a su esposa y sus dos hijos. Adorni aseguró inicialmente que el viaje fue costeado con su patrimonio familiar, pero las pruebas incorporadas al expediente por el fiscal Gerardo Pollicita comenzaron a mostrar una ruta de pagos distinta.
El piloto Issin, titular de la empresa Jag Executive Aviation, se presentó de forma espontánea para aclarar su rol en la contratación del Honda Jet. Según su testimonio, él adquirió un paquete de 10 vuelos por un total de 42.250 dólares a la operadora Alpha Centauri S.A. y luego revendió los tramos necesarios para el viaje del funcionario.

Contrario a la versión oficial de la Casa Rosada, el testigo afirmó que quien reservó y pagó la totalidad de los servicios fue Marcelo Grandío. "El vuelo lo reservó y pagó Marcelo Grandío y yo le emití la factura por dicha reserva", ratificó el broker ante el juez Ariel Lijo. Además, el piloto aportó conversaciones de WhatsApp mantenidas con el periodista para coordinar la logística de los traslados.
Uno de los puntos más sensibles de la declaración testimonial fue la descripción del método de pago. Issin detalló que el tramo de regreso desde Punta del Este a Buenos Aires tuvo un costo de 3.000 dólares. Según el broker, el dinero fue entregado en billetes físicos por una persona identificada simplemente como “Horacio”, enviada por el propio Grandío.
El piloto explicó que el precio final de 3.000 dólares incluyó un descuento de 1.800 dólares bajo la modalidad de “pata vacía” o empty leg. Este sistema permite abaratar costos cuando un avión debe trasladarse sin pasajeros de un destino a otro para cumplir con otro compromiso. Sin embargo, la factura por esta transacción fue emitida el 9 de marzo, coincidiendo exactamente con el día en que el caso se volvió mediático.
La contradicción entre el funcionario y el testigo es frontal. El miércoles pasado, en su habitual conferencia de prensa, Manuel Adorni afirmó de forma ríspida: “El viaje lo pagué, estoy cansado de decirlo. La dádiva está si yo no hubiera pagado el viaje”. Ante la repregunta de los cronistas sobre los comprobantes, el jefe de Gabinete respondió: “Sos apenas un periodista, no un juez. No tengo por qué responderte”.

Sin embargo, en el expediente no figura ninguna factura a nombre del funcionario. La ida fue facturada por Alpha Centauri S.A. a la productora Imhouse, propiedad de Grandío, mientras que la vuelta fue facturada por el broker Issin directamente al periodista. La Justicia intenta determinar ahora si existió un reembolso privado de Adorni a su amigo o si el viaje fue un regalo de un contratista de la TV Pública.
Ante la confirmación de que Marcelo Grandío pagó los vuelos, el juez Lijo ordenó un operativo en los estudios de la TV Pública. Los efectivos de la PSA buscaron los contratos vigentes de la productora Imhouse y los registros de haberes del periodista. La relevancia de este punto radica en que la señal estatal está bajo la órbita de la Secretaría de Comunicación y Medios, que depende del propio Adorni.

Los investigadores analizan si existe un conflicto de intereses o una contraprestación encubierta. Si se comprueba que un proveedor del Estado financió las vacaciones del funcionario que debe controlarlo, la causa podría avanzar hacia un procesamiento por negociaciones incompatibles con la función pública.
En el derecho penal argentino, la dádiva ocurre cuando un funcionario público acepta dinero, regalos o servicios gratuitos en razón de su cargo. No es necesario que se demuestre un "favor" a cambio; el solo hecho de recibir un beneficio económico de un tercero interesado es suficiente para configurar el delito.

Las penas para este tipo de infracciones incluyen la inhabilitación para ejercer cargos públicos y posibles penas de prisión efectiva. Por el momento, la Justicia mantiene al jefe de Gabinete bajo investigación mientras recolecta pruebas de los organismos de control migratorio y aeroportuario para contrastar los horarios de vuelo con los registros de los pagos informados por el piloto.
TM