Fallo clave por los sueldos de Vialidad: qué significa para el Gobierno

El plan de ahorro sobre el sector público nacional sufrió un freno judicial de dimensiones históricas. El Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 de Lanús ordenó la actualización inmediata de los salarios de los empleados de Vialidad Nacional, quienes mantenían sus haberes congelados desde hace más de un año.

La decisión judicial reconoce que el Estado incurrió en una conducta discriminatoria al excluir a un sector específico de los aumentos otorgados al resto de la administración pública. Este fallo altera la previsión de gastos del Poder Ejecutivo y establece que el salario tiene un carácter alimentario que no puede ser ignorado por razones de ajuste fiscal.

El fallo obliga al Estado a pagar los aumentos salariales adeudados desde noviembre de 2024 y a cancelar la deuda acumulada en tres cuotas bimestrales, reconociendo la pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación.

¿Qué ordenó la Justicia sobre los sueldos de Vialidad Nacional?

La resolución judicial hizo lugar a una medida cautelar presentada por el Sindicato de Trabajadores Viales y Afines (STVyARA). El magistrado dispuso que la Dirección Nacional de Vialidad debe aplicar de forma urgente las mismas pautas salariales que rigieron para el resto del personal estatal durante 2024 y 2025.

 

 

 

 

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Esto implica que los trabajadores bajo el convenio 827/06 “E” deben recibir la misma recomposición que el Convenio 214 de la administración pública centralizada. La Justicia consideró que el "congelamiento selectivo" generó una situación de desigualdad ilegal, ya que otros sectores del mismo organismo sí habían percibido incrementos parciales.

¿Por qué los trabajadores viales no recibían aumentos desde 2024?

El personal de vialidad no percibía actualizaciones en sus haberes desde octubre de 2024. Durante 17 meses, las autoridades del organismo no presentaron propuestas formales en las audiencias paritarias, lo que derivó en una parálisis total de los ingresos de los operarios y administrativos.

El fallo destaca la "falta de una negociación colectiva efectiva" por parte del Gobierno. Según el juez, el Estado utilizó la ausencia de acuerdo para "asfixiar" el poder de compra de los trabajadores, afectando la seguridad jurídica y los derechos constitucionales básicos de los empleados públicos.

¿Cómo será el pago de los sueldos atrasados y los retroactivos?

La sentencia judicial no solo ordena aumentar los sueldos de ahora en adelante, sino que exige el pago de la deuda histórica. El esquema de cobro para los trabajadores se dividirá de la siguiente manera:

• Actualización inmediata: los salarios deben ajustarse este mes siguiendo las escalas de la Administración Pública Nacional.
• Pago de deuda: los retroactivos acumulados desde fines de 2024 se abonarán en tres cuotas bimestrales.
• Bonos: se deben liquidar todos los refuerzos de ingresos otorgados por decreto durante el último año y medio que no habían sido percibidos por este sector.

¿Quién es Graciela Aleñá y qué dijo sobre el triunfo judicial?

Graciela Aleñá es la secretaria general del gremio vial y la cara visible del reclamo contra el "plan motosierra" en las rutas. Tras conocerse la resolución, la dirigente afirmó que el fallo "confirma la legitimidad de nuestro reclamo" y denunció un intento de desmantelamiento del organismo encargado del mantenimiento caminero.

"Este fallo representa un paso fundamental en la defensa de nuestros derechos", sostuvo la titular de STVyARA. Para el gremio, la decisión judicial es un respaldo a la movilización nacional que los trabajadores realizaron esta semana en todo el país bajo la consigna de salarios dignos y conectividad vial segura.

¿Qué significa este fallo para el plan económico de Javier Milei?

Para el equipo económico liderado por el presidente Javier Milei, esta sentencia representa un "agujero" en el superávit fiscal. La premisa oficial de que el ajuste salarial puede ser unilateral y por tiempo indeterminado acaba de chocar contra un límite constitucional.

El fallo es inédito porque obliga al Estado a desembolsar fondos que ya consideraba "ahorrados" en ejercicios anteriores. Además, debilita la estrategia del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, de reducir estructuras estatales mediante el congelamiento indirecto de los recursos para personal.

¿Podrían otros empleados públicos reclamar aumentos tras este fallo?

La decisión del juzgado de Lanús sienta un precedente que genera alarma en la Casa Rosada. Otros entes autárquicos y organismos descentralizados que sufren situaciones similares de "plancha" salarial podrían iniciar presentaciones masivas bajo el mismo argumento de desigualdad y carácter alimentario del sueldo.

Si la Justicia extiende este criterio a otros sectores del Estado, el Gobierno enfrentaría una ola de demandas por retroactivos que pondría en jaque la meta de déficit cero. El Congreso de la Nación ya había advertido en 2025 sobre el desfinanciamiento de áreas estratégicas, pero es ahora el Poder Judicial quien le pone cifras a esa advertencia.

TM