El sistema de salud de la familia militar argentina entrará en una etapa de transformación crítica a partir de la semana próxima. El Gobierno confirmó que la nueva Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) estará operativa desde el 1° de abril, cumpliendo el plazo de 60 días tras la disolución del antiguo instituto.
Sin embargo, el nuevo organismo nace sin partidas extraordinarias del Ministerio de Economía. Ante la política de "déficit cero" del presidente Javier Milei, la estructura de salud deberá sostenerse mediante un esquema de financiamiento interno. Esto implica que las propias fuerzas deberán recortar sus presupuestos operativos para cubrir el servicio médico.
La nueva obra social de las Fuerzas Armadas (OSFA) comenzará a funcionar el 1° de abril con una deuda heredada de 300.000 millones de pesos y sin partidas del Tesoro, obligando a realizar recortes en educación, investigación e industria militar para sostener la atención de sus afiliados.
Hasta el año pasado, el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) centralizaba la atención de militares, gendarmes y prefectos. Debido a una crisis financiera profunda, con una deuda acumulada que crece a un ritmo de 15.000 millones de pesos por mes, el Gobierno decidió disolverlo y separar las prestaciones.

A partir de abril, los miembros del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea migrarán a la OSFA. Por su parte, el personal de Gendarmería y Prefectura continuará temporalmente en la estructura residual del IOSFA hasta completar su propia transición. El objetivo oficial es lograr un sistema centrado en la "eficiencia y sustentabilidad".
Ante la negativa del Ministerio de Economía de otorgar auxilio financiero, el Ministerio de Defensa, conducido por Carlos Presti, implementará un plan de salvataje con recursos propios. Según fuentes oficiales, se prevé un "ingreso progresivo de recursos" que provendrán de aportes directos de las tres fuerzas y de una reorganización de sus partidas presupuestarias.
“Se prevé el ingreso progresivo de recursos por parte del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, lo que permitirá avanzar en la regularización gradual de pagos a prestadores y proveedores”, señaló el comunicado oficial. El nuevo directorio, presidido por el general de brigada (R) Sergio Maldonado, trabajará con las autoridades de cada fuerza para coordinar el nuevo esquema de fondos.

El financiamiento de la salud obligará a reducir la inversión en otras áreas estratégicas del sector defensa. Los fondos para normalizar la atención médica saldrán de recortes en partidas destinadas a:
En paralelo al inicio de la OSFA, el administrador de la estructura residual, el coronel (R) Ariel Guzmán, tiene bajo análisis un listado de 44 inmuebles en todo el país. El plan contempla una revisión jurídica y patrimonial coordinada por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).

Entre los bienes en la mira figuran hoteles emblemáticos en Mar del Plata (como el Hotel Antártida y el Tierra del Fuego), farmacias en el centro de Rosario y centros recreativos en la Patagonia y Córdoba. Aunque el Gobierno presenta la medida como un "ordenamiento técnico", existe la posibilidad de que estos activos sean vendidos o concesionados para saldar parte de los pasivos millonarios con clínicas y hospitales privados.
La crisis del sistema de salud militar ocurre en un contexto de alta vulnerabilidad para el personal. Se estima que entre el 60% y el 80% de los miembros de las fuerzas se encuentran actualmente bajo la línea de pobreza. El aumento de los costos de medicamentos y los bajos aportes derivados de los salarios actuales profundizaron el quebranto.
Actualmente, existen decenas de prestaciones caídas en el interior del país, dejando a miles de militares activos y retirados sin cobertura local. La nueva gestión promete una regularización "gradual" de los pagos, aunque el éxito del plan depende de la capacidad de las propias fuerzas para sostener el ajuste interno sin comprometer su operatividad básica.
TM