Mauricio Macri y la Villa 31: qué prometía en 2007 y por qué giró en 2010

El operativo desplegado este jueves por el gobierno porteño en la Villa 31 reavivó un debate histórico en la Ciudad de Buenos Aires: qué hacer con uno de los asentamientos más emblemáticos y controvertidos del país.

La estrategia de ordenamiento impulsada por Jorge Macri pone nuevamente en foco la tensión entre control del crecimiento, integración urbana y derechos habitacionales.

En ese contexto, es interesante recordar la evolución de la postura de Mauricio Macri sobre la Villa 31: desde su propuesta inicial de erradicación en 2007 hasta la aceptación de su urbanización en 2010, tras una ley aprobada por la Legislatura porteña.

2007: la erradicación como punto de partida

Durante la campaña electoral de 2007, Mauricio Macri planteó una posición diferencial respecto del resto de las villas de la Ciudad: mientras proponía urbanizar la mayoría, consideraba que la Villa 31 debía ser relocalizada.

En declaraciones de ese momento, el entonces candidato fue explícito: “No avanzar con topadoras, pero sí hay que relocalizarla porque es una de las pocas villas que no alcanza con urbanizarla. No se adapta al crecimiento del Puerto y de la zona inmobiliaria. Todos sabemos que la Villa 31 obstaculiza un sector de la Ciudad de Buenos Aires”.

La definición se apoyaba en un argumento urbanístico y económico: la ubicación estratégica del barrio, en Retiro, sobre tierras con alto valor inmobiliario y en expansión por el desarrollo de Puerto Madero y zonas aledañas.

Sin embargo, la sola mención de “erradicación” generó una inmediata reacción social y política. La Villa 31 —con cerca de 25 mil habitantes en ese momento— tenía una larga historia de resistencias a desalojos, lo que activó temores entre los vecinos y organizaciones.

Rechazo social y presión de organismos de derechos humanos

Tras el anuncio, más de 20 organizaciones de derechos humanos —incluyendo a Madres de Plaza de Mayo y Abuelas de Plaza de Mayo— reclamaron públicamente que no se avanzara con desalojos forzosos.

El planteo se centró en el derecho a la vivienda digna, que incluye la permanencia y la urbanización de los asentamientos. En paralelo, actores sociales y religiosos dentro del barrio comenzaron a impulsar alternativas basadas en la integración urbana.

Incluso dentro del propio espacio político de Macri aparecieron matices. Referentes técnicos del PRO evitaron el término “erradicación” y empezaron a hablar de “una solución satisfactoria y definitiva”, incorporando la idea de diálogo con los vecinos.

La disputa con la Nación y el giro hacia la urbanización

A pocas semanas de la asunción de Macri como jefe de Gobierno, la administración de Néstor Kirchner avanzó en un acuerdo para garantizar la urbanización de la Villa 31 y la 31 bis, en lo que fue interpretado como una mojada de oreja. Macri no la tendría tan fácil.

El convenio impulsado desde el Estado nacional aseguró que no habría desalojos y abrió una mesa de diálogo para el desarrollo de obras y servicios básicos. La decisión tensionó aún más la relación entre Nación y Ciudad, que ya venía marcada por disputas como el traspaso de la Policía.

Ese escenario condicionó el margen de acción del gobierno porteño y consolidó la urbanización como una alternativa cada vez más difícil de eludir.

2010: Macri acepta la urbanización por ley

El punto de inflexión llegó a fines de 2009, cuando la Legislatura porteña aprobó una ley de urbanización de la Villa 31 con amplio consenso político (54 votos a favor). A comienzos de 2010, Mauricio Macri decidió promulgarla.

El dato no fue menor: se trató de una de las pocas leyes que el entonces jefe de Gobierno no vetó en ese período, pese a haber sostenido históricamente la necesidad de erradicar o reducir el asentamiento.

El plan contemplaba:

• Apertura de calles y mejora de la conectividad interna
• Instalación de servicios básicos (cloacas, infraestructura sanitaria)
• Construcción de equipamiento público, como una escuela
• Demolición de aproximadamente el 30% de las construcciones para ordenar el tejido urbano

La transformación del barrio en un espacio integrado a la Ciudad se proyectaba en un plazo de más de cinco años y con una inversión cercana a los 900 millones de pesos de la época.

2026: intento de ordenamiento y control del crecimiento bajo Jorge Macri

Más de una década después, el operativo encabezado por Jorge Macri introduce un nuevo capítulo en la gestión del barrio. La intervención no cuestiona formalmente la urbanización —ratificada por leyes posteriores como la 6.129—, pero sí pone el foco en el control del crecimiento y la seguridad.

El jefe de Gobierno fue contundente: “Orden en la Villa 31. Acá no hay zonas liberadas. No hay excepciones. No hay lugares donde la ley es opcional”.

Las medidas incluyen:

• Controles en accesos y restricción al ingreso de materiales de construcción
• Clausura de corralones ilegales
• Peatonalización de calles y cambios en la circulación
• Presencia policial permanente en puntos estratégicos
• Desalojo de ocupaciones irregulares en el espacio público

Según el Ejecutivo porteño, el objetivo es frenar la expansión desordenada del barrio, que hoy alberga a unas 45 mil personas, y garantizar condiciones de seguridad y convivencia.

Así, a casi dos décadas de aquellas declaraciones de campaña, la Villa 31 sigue siendo un foco de debate que trasciende el interés estrictamente porteño y que se ha transformado en un termómetro ideológico del PRO.