El cierre de Volver al Trabajo llega al Congreso: los 7 pedidos a Pettovello

El diputado nacional Eduardo Valdés presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de resolución para solicitar información detallada al Poder Ejecutivo sobre la decisión de dar de baja el programa “Volver al Trabajo” y su reemplazo por un esquema de capacitaciones laborales.

La iniciativa apunta directamente al Ministerio de Capital Humano y pone el foco en el impacto social, fiscal y operativo de la medida, en un contexto de cambios en la política de asistencia social.

Qué pide el proyecto de resolución

El texto solicita formalmente al Poder Ejecutivo que brinde precisiones sobre siete aspectos centrales vinculados al cierre del programa.

Entre los principales requerimientos, se destacan:

• Las razones que motivaron la baja del programa y los datos utilizados para tomar esa decisión.
• El impacto fiscal que tendrá el cierre del plan.
• La continuidad o alternativas para sectores específicos, como trabajadores rurales temporarios y empleadas de casas particulares.
• El presupuesto destinado a las nuevas capacitaciones.
• Los criterios utilizados para definir la oferta de cursos.
• Los mecanismos de inscripción para personas sin acceso a internet.
• Los plazos y formas en que se comunicó la finalización a los beneficiarios.

El proyecto refleja la preocupación por la transición entre esquemas de asistencia y formación, y por las condiciones en las que se implementa ese cambio.

El trasfondo: el fin de “Volver al Trabajo”

En los fundamentos, Valdés contextualiza la iniciativa a partir de la decisión oficial de eliminar el programa, que alcanzaba a casi un millón de beneficiarios.

Según se detalla en el proyecto, el plan será reemplazado por un sistema de vouchers de capacitación laboral, lo que implica un cambio de enfoque: de una transferencia directa de ingresos a un modelo basado en formación para la inserción laboral.

Cabe recordar que Volver al Trabajo era una derivación del Potenciar Trabajo, creado en el gobierno de Alberto Fernández, que a su vez aglutinaba a distintos planes sociales. El crecimiento del Potenciar Trabajo fue tan significativo que bajo la gestión de Victoria Tolosa Paz se inició una depuración del programa, lo que motivó severos chispazos con los movimientos sociales.

En ese momento, el Potenciar Trabajo representaba el 50% del Salario Mínimo, Vital y Móvil. Con la llegada de Milei, el programa se licuó y actualmente estaba congelado en 78 mil pesos, ya en la versión Volver al Trabajo.

Uno de los ejes centrales del pedido de informes es la forma en que se comunicó el cierre del programa y los tiempos otorgados para la transición.

De acuerdo con lo expuesto en el proyecto, el programa finalizaría el 9 de abril de 2026, mientras que la inscripción a los cursos debía realizarse antes del 20 de marzo, lo que abre interrogantes sobre los márgenes reales que tuvieron los beneficiarios para adaptarse al nuevo esquema.

Este punto es especialmente sensible para sectores con menor acceso a herramientas digitales o con dificultades para reorganizar sus tiempos laborales.

COMUNICADO OFICIAL@JMilei pic.twitter.com/OEM8zJbPXg

— Sandra Pettovello (@SPettovelloOK) March 17, 2026

Impacto social y críticas al recorte

En los fundamentos también se incluyen referencias a cuestionamientos de distintos sectores sociales y sindicales.

El documento menciona, por ejemplo, la preocupación de organizaciones como la CTA Autónoma, que advierten sobre la pérdida de un ingreso que, aunque bajo, funcionaba como complemento clave para hogares en situación de vulnerabilidad.

Asimismo, se subraya que el monto del programa se encontraba congelado desde diciembre de 2023, en un contexto de alta inflación, lo que ya implicaba una pérdida de poder adquisitivo para los beneficiarios.

El rol del Congreso frente a la medida

Valdés argumenta que la magnitud de la decisión —tanto por la cantidad de personas alcanzadas como por sus implicancias sociales— justifica la intervención del Congreso a través de mecanismos de control.

Así, el legislador peronista busca que el Ejecutivo transparente los criterios, datos y proyecciones detrás del cambio de esquema.