La causa que investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo capítulo con la declaración de una segunda testigo que volvió a poner en duda su versión sobre el financiamiento de un vuelo privado a Punta del Este.
Se trata de la secretaria del piloto que facturó el tramo de regreso, quien ratificó ante la Justicia que el viaje fue abonado por el periodista Marcelo Grandio. De esta manera, confirmó lo ya expuesto por el primer testigo y contradijo la versión pública del funcionario, quien había asegurado haber cubierto los gastos por cuenta propia.
Según su testimonio, el pago se encuadró como una “invitación” de Grandio, con quien además había mantenido intercambios vía WhatsApp para coordinar la venta del pasaje correspondiente al vuelo del 17 de febrero.
Un día antes, el piloto Agustín Issin Hansen se había presentado ante el juez Ariel Lijo y había brindado detalles clave sobre la operatoria. Como broker, había adquirido a la firma Alpha Centauri una serie de vuelos por 42.250 dólares, entre los cuales se encontraba el traslado utilizado por Adorni.
De acuerdo a su declaración, uno de esos viajes fue comprado por Grandio a través de su productora Imhouse S.A. y luego utilizado por el funcionario. La factura correspondiente al regreso fue emitida el 9 de marzo por un monto cercano a los 3.000 dólares.
Issin también había sostenido que tanto el vuelo de ida como el de vuelta fueron abonados por el periodista, lo que ya marcaba una contradicción directa con lo expresado por el jefe de Gabinete en conferencia de prensa.

En su exposición, el piloto diferenció la modalidad de pago de ambos tramos. Mientras que la ida se habría abonado mediante transferencia bancaria entre la empresa aeronáutica y la contratante, el regreso —según indicó— se pagó en efectivo a través de un tercero.
Ese pago, aseguró, fue coordinado mediante mensajes y audios de WhatsApp, de los cuales dijo conservar respaldo. Además, explicó que la factura fue emitida semanas después del vuelo debido a que se encontraba de viaje, descartando que se tratara de una contratación posterior.
También señaló que no existió un recibo formal, sino una confirmación del cobro enviada por mensaje.
Uno de los puntos que empieza a ganar peso en el expediente es la posible encuadración del caso en la figura de dádivas, un delito contemplado en el Código Penal cuando un funcionario recibe beneficios o regalos en razón de su cargo.
En este escenario, la hipótesis de que el viaje haya sido abonado por un tercero cercano —y con posibles vínculos comerciales con el Estado— abre un frente judicial más delicado, ya que no requiere necesariamente una contraprestación directa comprobada para su configuración, lo que podría complejizar la situación del funcionario.

La Justicia ahora deberá determinar si el presunto pago realizado por Grandio respondió a una contraprestación vinculada a contratos con la TV Pública u otro tipo de beneficios.
En ese marco, la investigación también analiza posibles delitos como enriquecimiento ilícito o negociaciones incompatibles con la función pública. Por el momento, el periodista no fue citado a declarar, aunque no se descarta que pueda ser convocado como imputado a medida que avance la causa.
Con esta nueva declaración, el expediente suma elementos que refuerzan la hipótesis de un financiamiento externo del viaje y profundizan la distancia entre los testimonios judiciales y la versión sostenida por el jefe de Gabinete.
El avance de la causa y las próximas definiciones judiciales serán clave para determinar el alcance de las responsabilidades en un caso que ya empieza a escalar políticamente.