El 16 de abril de 2012 quedó marcado como uno de los hitos económicos y políticos más relevantes de la historia reciente argentina.
Ese día, la entonces presidenta Cristina Kirchner anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley para expropiar el 51% de las acciones de YPF en manos de Repsol, con el objetivo declarado de “recuperar la soberanía hidrocarburífera”.
A más de una década de aquella decisión, el reciente fallo favorable a Argentina conocido este viernes en tribunales internacionales reavivó el debate sobre la medida, su impacto y su legado. En ese contexto, la jornada de 2012 vuelve a cobrar centralidad como punto de inflexión en la política energética nacional.
La presentación se realizó en el Salón de las Mujeres de la Casa Rosada, rodeada de gobernadores, funcionarios y legisladores. Allí, Cristina Kirchner comunicó el envío inmediato al Senado del proyecto que declaraba de interés público nacional el autoabastecimiento de hidrocarburos.
La iniciativa proponía la expropiación del 51% de las acciones de YPF, distribuidas entre el Estado nacional (26,01%) y las provincias productoras (24,99%). Además, establecía la creación del Consejo Federal de Hidrocarburos y fijaba como objetivo prioritario garantizar el desarrollo económico con equidad social.
La mandataria justificó la decisión en base a datos del 2011: por primera vez en 17 años, Argentina había pasado a ser importadora neta de energía, con un déficit de más de 3.000 millones de dólares. A su vez, denunció una caída sostenida en la producción y en las reservas, junto con una política empresaria orientada a la distribución de dividendos en lugar de la reinversión.
En paralelo al envío del proyecto, el Gobierno dispuso mediante Decreto de Necesidad y Urgencia la intervención de la compañía. El entonces ministro de Planificación, Julio De Vido, fue designado interventor, acompañado por el viceministro de Economía, Axel Kicillof, encargado de los aspectos económicos y financieros.
La medida incluyó la remoción de los directores y síndicos de la empresa, en una decisión que buscaba garantizar la continuidad operativa y el control estatal inmediato.

Durante su discurso, Cristina Kirchner apuntó directamente contra la gestión de Repsol. Señaló que entre 1999 y 2011 la compañía obtuvo utilidades por más de 16.000 millones de dólares, distribuyendo dividendos por más de 13.000 millones, mientras caían la producción y las reservas.
La Presidenta sostuvo que el problema central fue la “desnacionalización” de YPF y la pérdida de control sobre un recurso estratégico. “Nos tornaríamos en un país inviable por políticas empresariales y no por falta de recursos”, advirtió.
Además, remarcó que Argentina era uno de los pocos países del mundo sin control estatal sobre sus recursos hidrocarburíferos, en contraste con modelos como Petrobras en Brasil o PDVSA en Venezuela.
Uno de los ejes discursivos fue diferenciar la medida de una estatización tradicional. Cristina Kirchner insistió en que se trataba de una “recuperación de la soberanía y el control”, manteniendo a YPF como sociedad anónima con participación privada.
El proyecto contemplaba la posibilidad de asociaciones con capitales privados, nacionales e internacionales, bajo un esquema de conducción estatal y gestión profesionalizada.
Asimismo, establecía que las acciones expropiadas no podrían venderse sin la aprobación de dos tercios del Congreso, reforzando su carácter estratégico.

El anuncio generó una inmediata reacción del gobierno de España, que calificó la medida como “hostil” y advirtió sobre posibles consecuencias diplomáticas y económicas.
Funcionarios españoles denunciaron una supuesta violación de la seguridad jurídica y anticiparon represalias. El entonces canciller José Manuel García Margallo y el ministro de Industria José Soria cuestionaron duramente la decisión.
Sin embargo, dentro del propio país europeo hubo voces divergentes. Sectores políticos como Izquierda Unida y organizaciones sociales criticaron la reacción del gobierno español y cuestionaron el rol de Repsol.

La noticia ocupó las portadas de los principales medios internacionales. Diarios como El País, El Mundo y ABC reflejaron el impacto de la medida, en muchos casos con una mirada crítica hacia el gobierno argentino.
En los mercados financieros, las acciones de YPF registraron fuertes caídas iniciales, reflejando la incertidumbre generada por la decisión.
El anuncio se dio en un contexto de fuerte crecimiento económico, pero con crecientes tensiones en el sector energético. El aumento de la demanda interna había expuesto las limitaciones del modelo vigente.
Cristina Kirchner subrayó que las importaciones de combustible habían alcanzado casi 9.400 millones de dólares en 2011, comprometiendo el superávit comercial.
En ese marco, la recuperación de YPF fue presentada como una herramienta clave para sostener el crecimiento y garantizar el abastecimiento energético.
Durante su intervención, Cristina Kirchner dejó una serie de definiciones que sintetizaron el espíritu de la medida. Estas son 16 de las más destacadas:
El reciente fallo favorable a Argentina conocido este viernes vuelve a poner en perspectiva aquella decisión de 2012. La disputa judicial internacional, que se extendió durante años, fue uno de los principales capítulos derivados de la expropiación.
Así, en un hecho histórico para el país, este viernes la Corte de Apelaciones de Nueva York dio de baja el fallo en primera instancia contra Argentina por la expropiación de YPF. La condena obligaba al país a pagar USD 16 mil millones.