El 17 de abril de 2012, un día después del anuncio de Cristina Kirchner sobre la expropiación del 51% de YPF, el Senado fue escenario de un intenso plenario de comisiones que marcaría uno de los debates económicos y políticos más relevantes de la década.
A casi catorce años de aquel encuentro, el recuerdo adquiere nueva dimensión tras el reciente fallo de la justicia de Estados Unidos que favoreció a la Argentina en la causa vinculada a la expropiación.
En ese contexto, cobra renovado interés la defensa técnica y política que realizó el entonces viceministro de Economía, Axel Kicillof, así como las críticas —muchas de ellas desde posiciones progresistas— que recibió por parte de la oposición.
La reunión plenaria de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Presupuesto y Energía comenzó al mediodía del 17 de abril en el Salón Azul del Senado. El objetivo era tratar el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo que declaraba de utilidad pública y sujeto a expropiación el paquete accionario mayoritario de YPF.
Participaron, entre otros, el ministro de Planificación, Julio De Vido, y Kicillof, quien ya ejercía como interventor en la petrolera. Tras las exposiciones iniciales, se abrió una extensa ronda de preguntas de los senadores, que expuso tensiones no solo entre oficialismo y oposición, sino también dentro del arco político que apoyaba la recuperación del rol del Estado.
En su exposición, Kicillof planteó que la decisión de expropiar respondía a un proceso acumulado de desinversión y pérdida de soberanía energética. Sostuvo que la política de Repsol había privilegiado la distribución de dividendos por sobre la reinversión.
El entonces viceministro detalló que la empresa había obtenido altos retornos: señaló que el grupo “puso 13 mil millones y recuperó 22 mil millones de dólares”, cuestionando así la legitimidad de eventuales reclamos indemnizatorios.
Además, rechazó que la medida constituyera una agresión internacional, al remarcar que se trataba de una decisión sobre una empresa privada con capital extranjero y no contra un país: el objetivo, afirmó, era recuperar el control de un recurso estratégico sin afectar relaciones bilaterales .
Kicillof también desarrolló una crítica estructural al proceso de privatización de los años noventa, al que calificó como un caso extremo dentro del avance del neoliberalismo en la región. Incluso comparó la experiencia argentina con países como Brasil o Chile, donde —según señaló— no se avanzó en la privatización total de recursos estratégicos.
Algunas de las frases más salientes:
Lejos de un respaldo unánime, el plenario estuvo marcado por fuertes cuestionamientos, incluso de sectores que compartían el diagnóstico general sobre la necesidad de mayor intervención estatal.
El radical Luis Naidenoff reconoció coincidencias con la crítica al proceso privatizador, pero acusó al oficialismo de “desmemoria”, al recordar que dirigentes del propio peronismo habían impulsado la privatización en los años noventa.
Desde una posición progresista, el socialista Rubén Giustiniani acompañó el espíritu de la recuperación estatal, pero reclamó una autocrítica más profunda. Señaló que el problema no comenzó en los años recientes sino en 1992, con la privatización original, y cuestionó una mirada “reduccionista” del neoliberalismo, subrayando que otros países no privatizaron sus recursos energéticos.
Giustiniani también planteó diferencias concretas en el articulado, como la distribución accionaria entre Nación y provincias, proponiendo incluir a todas las jurisdicciones y no solo a las productoras.
En ese marco, varios senadores insistieron en interrogantes clave:
El plenario también estuvo atravesado por momentos de tensión procedimental y política. Hubo discusiones sobre los tiempos de exposición, interrupciones y reclamos de orden, reflejando la intensidad del debate.
Uno de los ejes centrales del debate fue el deterioro de la balanza energética. Funcionarios del Ejecutivo señalaron que en 2011 se había registrado un déficit superior a los 3.000 millones de dólares, marcando un quiebre tras años de superávit.
Ese dato fue utilizado para justificar la urgencia de la medida y reforzar el argumento de que la continuidad del esquema vigente ponía en riesgo el crecimiento económico.