El día que Alberto Fernández criticó la expropiación de YPF cobrando de Repsol

El fallo de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, que este viernes revocó la condena de 16.000 millones de dólares contra la Argentina por la estatización de YPF, trajo de regreso un documento que marcó el inicio del litigio más costoso de la historia nacional. Se trata de la actuación pública de Alberto Fernández en abril de 2012, cuando la gestión de Cristina Kirchner decidió, en sus palabras, "recuperar" la petrolera.

Aquel episodio reveló una contradicción entre el discurso mediático y los vínculos contractuales privados. Mientras el país debatía la soberanía energética, quien luego sería presidente de la Nación desempeñaba un rol técnico remunerado por la contraparte española, utilizando argumentos que años más tarde serían la base legal de los denominados fondos buitre.

El 16 de abril de 2012, Alberto Fernández cuestionó la legalidad de la expropiación en televisión mientras tenía un contrato de consultoría con Repsol de 25.000 pesos mensuales, verbalizando el punto exacto del estatuto que permitiría la demanda judicial en Estados Unidos.

¿Qué dijo exactamente Alberto Fernández en televisión mientras asesoraba a Repsol?

La noche del 16 de abril de 2012, pocas horas después del anuncio oficial de la estatización, Alberto Fernández se presentó en el canal TN. En una entrevista con el periodista Joaquín Morales Solá, el exjefe de Gabinete manifestó su preocupación por la seguridad jurídica del país y la metodología utilizada por el Poder Ejecutivo.

"A mí lo que me preocupa es la forma como el gobierno toma la decisión", señaló Fernández durante la charla. Calificó la medida de "intempestiva" y advirtió que la irrupción del Estado generaba desconfianza internacional. Sin embargo, su declaración más relevante para el futuro judicial del país fue sobre el estatuto societario: "Se debe hacer una oferta hostil a todos los accionistas, eso está en la ley que privatizó YPF. La ley plantea una oferta para todos, no podían decirle a Repsol que se vayan solo ellos".

¿Cómo era el contrato de 25.000 pesos mensuales con la petrolera española?

Cinco días después de sus apariciones en medios, el diario Tiempo Argentino, de línea kirchnerista, publicó los detalles de un vínculo comercial que no había sido declarado ante la audiencia. El documento, rubricado el 30 de septiembre de 2011 en el edificio de Macacha Güemes 515, confirmaba que Fernández prestaba "servicios de consultoría estratégica para el desarrollo de materiales de actualidad política parlamentaria".

Por estas tareas, el abogado percibía una remuneración mensual de 25.000 pesos. El contrato especificaba el "seguimiento de proyectos en el Congreso de la Nación" para la firma española. La filtración también vinculó a otros actores de la comunicación con pagos de la empresa, pero el caso de Fernández fue el más resonante por su trayectoria política y su rol como futuro conductor del Estado.

¿Por qué sus palabras fueron el "manual de instrucciones" de los fondos buitres?

La importancia de este archivo radica en la coincidencia técnica. El argumento que Fernández expuso en televisión —que el Estado estaba obligado a comprar las acciones de todos los socios minoritarios y no solo las de Repsol— fue el mismo que el fondo Burford Capital utilizó como columna vertebral de su demanda.

Este punto, conocido como el Artículo 7 del Estatuto de YPF, indicaba que cualquier cambio de control en la empresa obligaba a realizar una Oferta Pública de Adquisición (OPA). "La ley plantea una oferta para todos", había dicho Fernández en 2012. Esa frase resumió la lógica legal que la jueza Loretta Preska validó inicialmente en 2023 para condenar al país, y que recién en 2026 logró ser revertida por la Justicia de Nueva York.

¿Cuál fue la respuesta de Fernández ante la filtración de su vínculo con la petrolera?

Tras la publicación de su contrato, Fernández admitió la relación comercial con Repsol en Radio Mitre, pero buscó reencuadrar los hechos. "No es lo mismo ser lobbista que ser asesor de una empresa manejada por argentinos", argumentó, en referencia a la familia Eskenazi, que entonces participaba de la gestión. También sostuvo que su llegada a la compañía había sido años antes por pedido de Néstor Kirchner.

Sin embargo, el contrato difundido databa de fines de 2011, época en la que Fernández ya se perfilaba como un crítico del gobierno nacional. En sus descargos, insistió: "Soy abogado y tengo un estudio jurídico. Los contratos están a mi nombre porque no tengo testaferro, ni cuentas en negro". A pesar de sus explicaciones, el programa oficialista 678 de la TV Pública lo catalogó durante semanas como "lobbista de las corporaciones", profundizando su distanciamiento con el kirchnerismo hasta su reconciliación política en 2019.

TM