La historia de YPF es, en buena medida, la historia de la política energética argentina. A lo largo de más de un siglo, la empresa atravesó proyectos de soberanía económica, disputas con intereses extranjeros, ciclos de expansión estatal, endeudamiento, privatizaciones y, finalmente, un regreso al control público.
Creada en 1922 durante la presidencia de Hipólito Yrigoyen, Yacimientos Petrolíferos Fiscales fue la primera petrolera estatal integrada del mundo. El proyecto buscaba que el Estado argentino controlara la exploración, producción y comercialización del petróleo, en un contexto internacional dominado por grandes compañías privadas.
El impulsor técnico de ese modelo fue el general Enrique Mosconi, quien dirigió la empresa en sus primeros años y desarrolló una doctrina de fuerte impronta nacionalista sobre el control de los recursos energéticos. Mosconi fue nombrado en el cargo de director general de la empresa el 16 de octubre de 1922 por decreto del presidente Marcelo T. de Alvear. El militar defendía la idea de que el petróleo era un recurso estratégico que debía quedar bajo control estatal.
La expansión de YPF y la decisión del presidente Yrigoyen de avanzar hacia un mayor control estatal del petróleo generaron tensiones con compañías extranjeras. En 1930, el gobierno radical fue derrocado por el golpe militar encabezado por el general José Félix Uriburu.
Un tiempo después el intelectual Raúl Scalabrini Ortíz caracterizó a ese quiebre institucional como un “golpe con olor a petróleo”, en referencia al conflicto entre el proyecto de control estatal de los hidrocarburos y los intereses de empresas internacionales que operaban en el país.
A pesar de los cambios políticos posteriores, YPF continuó expandiéndose durante las décadas siguientes y se consolidó como uno de los pilares del desarrollo industrial argentino.
Durante los gobiernos de Juan Domingo Perón, la política energética mantuvo el énfasis en el rol estratégico del Estado. El primer gobierno peronista impulsó la expansión de YPF y buscó avanzar hacia el autoabastecimiento energético. Durante su segunda gestión -corriéndose de las consignas de la primera- intentó acuerdos con empresas extranjeras para aumentar la producción.

En 1955 el líder justicialista firmó un controvertido acuerdo con la petrolera estadounidense Standard Oil of California para la exploración y explotación de yacimientos en la provincia de Santa Cruz. El convenio buscaba atraer inversiones externas para aumentar la producción de hidrocarburos en un momento en que YPF no lograba cubrir la creciente demanda energética del país.
El contrato generó fuertes críticas políticas porque implicaba conceder amplias áreas petroleras a una empresa extranjera, lo que para muchos sectores contradecía la tradición de control estatal del petróleo defendida desde la creación de YPF. Una de las principales voces críticas al acuerdo fue el diputado peronista John William Cooke. El acuerdo nunca llegó a implementarse plenamente: pocos meses después de su firma, el gobierno peronista fue derrocado por la Revolución Libertadora y el contrato fue finalmente anulado.
Luego del interregno castrense de 1955 a 1958, el debate de qué hacer con el petróleo alcanzó uno de sus momentos más intensos con la presidencia de Arturo Frondizi. Años antes de llegar al poder, el líder desarrollista había publicado el libro “Petróleo y política”, donde defendía una estrategia nacional para el control del recurso.
Sin embargo, desde el Sillón de Rivadavia el presidente que llegó con ayuda del voto peronista -los justicialistas votaron a Frondizi porque éste había pactado con Perón para levantar la proscripción al peronismo- impulsó una política pragmática para acelerar la producción energética. En lo que se conoció como la “Batalla del petróleo”, su gobierno firmó contratos con compañías internacionales para explotar yacimientos en el país. La estrategia permitió aumentar rápidamente la producción y acercar al país al autoabastecimiento, pero generó fuertes críticas de sectores políticos que consideraban que esos acuerdos implicaban una cesión de soberanía.
El debate se reabrió pocos años después, cuando el presidente Arturo Umberto Illia anuló los contratos petroleros firmados durante la gestión de Frondizi. El nuevo presidente sostuvo que esos acuerdos eran perjudiciales para el Estado y buscó devolverle a YPF un rol central en la explotación de los recursos.
La decisión, sin embargo, generó tensiones con sectores empresariales y con compañías extranjeras que operaban en el país. A pesar de ello, Illia firmó dos decretos que declaraban a los contratos "nulos de nulidad absoluta, por vicios de ilegitimidad y ser dañosos a los derechos e intereses de la Nación".
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El decreto 744/63 hizo caer los acuerdos de YPF con las compañías C.M. Loeb, Rhoades and Co; Astra, Compañía Argentina de Petróleo SA; CADIPSA; Continental Oil Company of Argentina; Esso S. A. P.A-Esso Argentina Inc.; The Ohio Oil Co.; Pan American Argentina Oil Co.; Shell Production Company of Argentina Ltd.; Tennessee Argentina S.A.; Union Oil Co. California. Por otra parte, el decreto 745/63 hizo lo propio con los acuerdos entre la petrolera argentina y Southeastern Drilling Co., Kerr-Mc Gee Oil Industries Inc. y SAIPEM.
Durante la última dictadura militar argentina (1976-1983), YPF atravesó un proceso de fuerte endeudamiento. La empresa estatal asumió pasivos millonarios en dólares en el marco de la política económica de apertura financiera impulsada por el régimen.

El periodista Alejandro Olmos descubrió que entre 1976 y 1982 la petrolera estatal fue utilizada para contraer deuda externa en gran escala, muchas veces a través de mecanismos financieros que beneficiaban a bancos internacionales y que luego terminaron trasladándose al Estado argentino.
Olmos presentó una denuncia en abril de 1982 que dio origen a la conocida causa 14.447 Olmos Alejandro S/ Denuncia sobre la deuda externa, en el momento de mayor fuerza de régimen, coincidiendo con la euforia popular por la recuperación de las Malvinas. El expediente quedó en manos del juez federal Jorge Ballestero. Luego de casi veinte años de investigación, en el año 2000 se cerró la causa por prescripción.
Mientras tanto, lejos de los Tribunales, la deuda debilitó la situación financiera de la compañía y se convirtió en uno de los argumentos que años más tarde serían utilizados para justificar su privatización. Quienes quieran conocer en detalle la denuncia de Olmos pueden ver el documental "La mayor estafa al pueblo argentino" o leer su libro, "Todo lo que usted quiso saber sobre la deuda externa y siermpre se lo ocultaron"

La transformación más profunda en la historia de la empresa llegó durante la presidencia de Carlos Menem. En el marco del programa de reformas estructurales de los años noventa, el Estado argentino privatizó YPF. Lo curioso del caso es que Menem era un hombre del peronimo y para vender la petrolera argentina contó con el apoyo de gente de su partido que años después aprobó la nacionalización.
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La compañía fue vendida progresivamente y terminó bajo control de la petrolera española Repsol, que adquirió la mayoría de las acciones a fines de la década. Durante esos años, YPF dejó de ser una empresa estatal y pasó a operar como una compañía privada integrada al mercado energético global.
La última gran transformación ocurrió en 2012, cuando el gobierno de Cristina Kirchner impulsó la expropiación del 51% de las acciones de la empresa en manos de Repsol. La decisión buscó recuperar el control estatal de la petrolera en un contexto de caída de la producción energética y de creciente dependencia de importaciones de combustibles.
Desde entonces, YPF volvió a convertirse en una empresa de mayoría estatal y asumió un papel central en el desarrollo del yacimiento de Vaca Muerta, uno de los mayores reservorios de hidrocarburos no convencionales del mundo.