Nicaragua movilizó a 1,8 millones: el simulacro que el gobierno quiso mostrar

Nicaragua llevó a cabo este viernes el primer ejercicio nacional multiamenazas del año, movilizando a más de 1,8 millones de personas en más de 8.400 escenarios simultáneos distribuidos en los 15 departamentos del país y las dos regiones autónomas del Caribe. El simulacro, coordinado por el Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (Sinapred) con el respaldo de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y brigadas de protección civil comunitaria, buscó replicar condiciones de emergencia ante amenazas combinadas que incluyen terremotos, erupciones volcánicas, inundaciones e incendios forestales. El país, ubicado en el corredor sísmico centroamericano y flanqueado por volcanes activos, es uno de los territorios más expuestos de la región a fenómenos naturales de alta intensidad.

Nicaragua ha desarrollado en las últimas dos décadas un sistema de gestión de riesgos que organismos internacionales como la OPS y el PNUD han señalado como referencia regional, particularmente por el alcance de su red de brigadas comunitarias de respuesta ante desastres. La paradoja del país es que un sistema de protección civil robusto convive con una situación política de alta restricción: el gobierno de Daniel Ortega ha expulsado a más de 3.000 ONG, clausurado universidades independientes y encarcelado a opositores, obispos y periodistas. Ese contexto hace difícil evaluar de forma independiente la efectividad real del simulacro, ya que los medios de comunicación que podrían contrastar las cifras oficiales operan bajo severas restricciones o desde el exilio.

Nicaragua 

La gestión de riesgos como política de Estado en un país cerrado

El modelo nicaragüense de protección civil se basa en la participación masiva a nivel barrial y comunitario, con brigadas que actúan como primera línea de respuesta antes de que lleguen los servicios oficiales. Ese enfoque —que viene desde las décadas del sandinismo histórico y fue perfeccionado tras el huracán Mitch de 1998— demostró su utilidad en el manejo de los huracanes Eta e Iota en 2020, cuando Nicaragua logró evacuar a más de 130.000 personas con un número relativamente bajo de víctimas comparado con los países vecinos. El ejercicio de este viernes es, en ese marco, la actualización anual de protocolos que involucran a maestros, enfermeras, líderes comunitarios y brigadas de bomberos voluntarios que en emergencias reales son los primeros en responder en comunidades rurales alejadas de los centros urbanos.

La dimensión política del ejercicio también es inseparable de su dimensión técnica. El gobierno de Ortega usa los simulacros como demostración de capacidad institucional y cohesión social en un momento en que enfrenta aislamiento diplomático creciente: Nicaragua fue expulsada de la OEA, mantiene relaciones tensas con Estados Unidos y la Unión Europea, y ha perdido decenas de millones de dólares en cooperación internacional que previamente financiaba programas sociales y de gestión de riesgos. La autosuficiencia en emergencias se convierte así en un argumento político tanto como en una necesidad práctica para un Estado que ha cerrado sistemáticamente los canales de cooperación externa.

Nicaragua moviliza 1,8 millones en simulacro nacional con 8.400 escenarios.

Centroamérica en riesgo y la asimetría entre capacidad técnica y apertura política

Nicaragua comparte con Honduras, Guatemala y El Salvador una de las regiones más vulnerables del planeta ante el cambio climático: el llamado Corredor Seco centroamericano, que enfrenta sequías prolongadas, episodios de lluvia extrema y degradación de suelos que afectan la seguridad alimentaria de millones de personas. En ese contexto, la capacidad técnica de Nicaragua en gestión de riesgos es genuinamente valiosa para la región —su experiencia podría ser transferida a sus vecinos bajo mecanismos de cooperación Sur-Sur— pero esa transferencia es políticamente complicada cuando el gobierno que la posee está aislado internacionalmente por violaciones sistemáticas a los derechos humanos.

Sistema de riesgos es referente regional, pero sin control independiente real.

El simulacro de este viernes con 1,8 millones de participantes es, en última instancia, un dato con doble lectura: demuestra que el Estado nicaragüense mantiene una capacidad de movilización territorial que pocos países de la región pueden igualar, pero también que esa capacidad opera en un contexto de opacidad que impide verificar sus verdaderos alcances y limitaciones. Sin medios independientes, sin organizaciones civiles autónomas y sin cooperación internacional que pueda auditar los resultados, el número de 8.400 escenarios y 1,8 millones de participantes es un dato del gobierno sobre sí mismo. La diferencia entre eso y una medición independiente es exactamente el espacio que la clausura política ha eliminado en Nicaragua durante los últimos años.