Milei dice chau a "ley del lobizón": qué beneficios perderían los séptimos hijos

El Poder Ejecutivo nacional envió al Congreso de la Nación el proyecto de Ley Hojarasca, un paquete de reformas que busca eliminar más de 70 leyes consideradas obsoletas o restrictivas. Entre las normas seleccionadas para su derogación se encuentra la Ley 20.843, conocida popularmente como la "ley del lobizón", que regula el padrinazgo presidencial para los séptimos hijos varones y las séptimas hijas mujeres.

Esta normativa no solo tiene un carácter simbólico basado en tradiciones ancestrales. Su eliminación implica el fin de un sistema de protección estatal que garantiza beneficios económicos y educativos directos para las familias numerosas en todo el país.

El proyecto propone eliminar el padrinazgo presidencial y la beca educativa que garantiza el pago total de estudios primarios, secundarios y universitarios para los séptimos hijos e hijas.

¿Qué es el padrinazgo presidencial y por qué se vincula al lobizón?

La tradición establece que el presidente de la Nación debe apadrinar al séptimo hijo varón o séptima hija mujer de un mismo matrimonio. El mito tiene raíces en una creencia rusa que llegó al país en 1907, la cual sostenía que el séptimo hijo varón podía convertirse en lobizón y la séptima hija en bruja, a menos que recibieran la protección del jefe de Estado.

Lo que comenzó como una costumbre con el presidente José Figueroa Alcorta se formalizó por decreto en 1973 bajo la gestión de Juan Domingo Perón. Finalmente, en 1974, la presidenta María Estela Martínez de Perón promulgó la ley vigente, sumando a las mujeres al beneficio y otorgando un marco legal a la protección de estos niños frente al estigma social de la superstición.

¿Cuáles son los beneficios económicos y educativos que están en riesgo?

La actual ley no se limita a la entrega de una medalla de oro recordatoria confeccionada por la Casa de la Moneda. El beneficio más significativo es el aporte financiero para la formación del ahijado. El Estado nacional debe asegurar la realización gratuita de los estudios en establecimientos oficiales de todo el país.

Según los últimos registros del Ministerio de Educación, los ahijados perciben becas anuales que se ajustan por presupuesto. En 2023, los montos rondaban los $40.000 para nivel primario, $51.000 para secundario y más de $76.000 para el nivel universitario. Una cifra menor si se tiene en cuenta que los montos no fueron actualizados. "La norma garantiza la educación independientemente de cual fuera el sexo del beneficiario", establece el texto original que ahora se busca derogar.

¿Por qué el Gobierno busca eliminar esta ley histórica?

El oficialismo sostiene que estas normas pertenecen a una lógica del siglo XX donde los derechos eran "concedidos" por el Estado de forma discrecional. En el mensaje de elevación de la Ley Hojarasca, se argumenta que el padrinazgo es una práctica anacrónica que carece de sustento científico y que impone una obligación innecesaria al titular del Poder Ejecutivo.

Desde la Secretaría General de la Presidencia indican que los beneficios educativos deberían ser universales y no depender de un orden de nacimiento o de una creencia popular. Además, señalan que el trámite administrativo para gestionar las medallas, los diplomas y las comitivas para los bautismos genera un gasto burocrático que el Estado busca recortar bajo su política de eficiencia del gasto público.

¿Qué pasará con los 11.000 ahijados que ya tienen el beneficio?

Actualmente existen 11.381 ahijados presidenciales en la Argentina. El proyecto de ley aclara que la derogación no tendrá efectos retroactivos. Esto significa que quienes hoy gozan de los derechos educativos podrán optar por mantenerlos hasta finalizar sus estudios, protegiendo así las "situaciones ya consolidadas".

El cambio afectará principalmente a los futuros nacimientos. Si el Congreso de la Nación aprueba la reforma, los séptimos hijos ya no podrán reclamar el padrinazgo ni la beca de estudios. La tradición, que ha tenido a mandatarios como Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández como protagonistas de miles de bautismos, pasaría a ser exclusivamente un registro histórico y no una obligación legal.

TM