La seguridad en Córdoba ingresó en una nueva etapa de discusión pública tras la presentación de un proyecto que busca modificar el régimen de retiro de las fuerzas de seguridad. La iniciativa plantea que los agentes permanezcan en servicio activo durante cinco años adicionales a los actuales, con el objetivo de revertir la falta de presencia policial en la vía pública.
Esta propuesta generó una respuesta inmediata del Poder Ejecutivo provincial, que utilizó canales de comunicación internos para garantizar la vigencia del sistema actual. El debate pone el foco en el déficit de la Caja de Jubilaciones de la Provincia y en la necesidad de incorporar personal experimentado sin esperar los tiempos de formación de los nuevos cadetes.
Rodrigo De Loredo sostiene que el retiro policial promedio en Córdoba ocurre a los 44 años y propone extender la actividad 5 años más para retener a 4.000 agentes en servicio activo y aumentar sus sueldos un 20%.
El régimen previsional para las fuerzas de seguridad es distinto al del resto de los trabajadores. Actualmente, los suboficiales pueden retirarse con 25 años de servicio y los oficiales con 30 años. Según los datos difundidos por la oposición, esto deriva en una edad promedio de retiro de 44 años, una de las más bajas del país.
Sin embargo, desde el Ministerio de Seguridad de la provincia rechazan esa cifra. El ministro Juan Pablo Quinteros afirmó que, según los registros oficiales, la edad real de jubilación se sitúa en los 48,6 años. El funcionario citó casos de agentes que continúan en funciones hasta los 56 años, argumentando que la fuerza ya cuenta con mecanismos para retener al personal de mayor experiencia.
El proyecto de ley, que ingresará este lunes a la Legislatura de Córdoba, propone actualizar los años de servicio para que los efectivos se retiren entre los 50 y 52 años de edad. Esta extensión de cinco años permitiría que los agentes que hoy están listos para jubilarse permanezcan en sus puestos, sumando de forma inmediata miles de efectivos a las tareas de prevención.

Para incentivar esta permanencia, la propuesta incluye una compensación salarial del 20%. "Si subís la edad de retiro vas a tener 4.000 policías más en la calle en 5 años", explicaron los autores de la iniciativa. Además, sostienen que la medida ayudaría a reducir el déficit de la caja previsional, ya que el Estado postergaría el pago de nuevas jubilaciones mientras recibe aportes por más tiempo.
El gobernador Martín Llaryora decidió intervenir en la discusión de una manera inusual: utilizó la frecuencia oficial de radio de la Policía de Córdoba. A través de un mensaje que llegó en simultáneo a todos los agentes de servicio, el mandatario descartó cualquier modificación al sistema vigente para llevar "certeza" a la tropa.

"Mientras tenga el honor de ser Gobernador no modificaré ninguna ley que altere las condiciones actuales en materia de edad del régimen de retiro", sentenció el mandatario. La decisión busca evitar el malestar interno en una fuerza que cuenta con aproximadamente 25.000 efectivos activos. El Gobierno provincial apuesta a reforzar la seguridad mediante el aumento de egresados de las escuelas de formación, que este año pasaron de 650 a más de 2.200 aspirantes.
La discusión técnica gira en torno a la sostenibilidad del sistema. La Unión Cívica Radical (UCR) argumenta que el retiro temprano de los agentes genera una carga económica que la provincia no puede sostener. Al trabajar más años, el policía no solo aporta más al sistema, sino que permite reasignar fondos que hoy se destinan a cubrir el déficit previsional hacia el equipamiento y los salarios básicos.
Desde el oficialismo, en cambio, consideran que la actividad policial somete al personal a un nivel de estrés y riesgo que no permite estirar la carrera de forma masiva. Advierten que obligar a los agentes a permanecer en la calle hasta los 52 años podría afectar la eficiencia operativa y la salud de los uniformados, prefiriendo mantener el esquema de retiro voluntario vigente.
TM