Bullying en Chaco: impulsan leyes tras el "caso Fernanda"

El caso de Fernanda Almada marcó un punto de no retorno en la provincia de Chaco. La tragedia, que expuso las grietas del sistema educativo y la falta de contención ante el acoso escolar, aceleró el tratamiento de dos proyectos de ley en la Legislatura provincial. Las iniciativas de las diputadas Maida With y Elda Insaurralde buscan endurecer el control estatal, establecer la corresponsabilidad parental y fijar sanciones económicas para las instituciones que "miren hacia otro lado".

El impulso de estas leyes no es casual. El fallecimiento de la adolescente desató movilizaciones masivas que denunciaron la inacción frente al hostigamiento que la joven sufría tanto de forma presencial como en redes sociales. 

Uno de los puntos más disruptivos del debate es el Régimen de Corresponsabilidad Parental propuesto por With. El objetivo es claro: involucrar a los adultos responsables cuando el hostigamiento es reiterado. Si se comprueba que hubo una omisión en el deber de cuidado tras notificaciones previas, los padres o tutores podrían enfrentar advertencias formales y seguimiento obligatorio; asistencia a talleres de orientación; tareas comunitarias y, en casos de persistencia, sanciones económicas.

"No se busca una sanción automática, sino evitar la indiferencia de las familias ante el comportamiento violento de los menores", detalla el proyecto.

Foco en la gestión escolar

Por otro lado, el proyecto de la diputada Insaurralde pone el foco en la gestión institucional. La normativa alcanzaría a colegios públicos y privados, exigiéndoles la designación de referentes específicos y un registro de denuncias.

En este caso, la novedad radica en la exigencia de inmediatez. Las escuelas deberán actuar en un máximo de 24 horas tras conocerse el hecho; tendrán un plazo de 72 horas para informar al Ministerio de Educación; se creará una base de datos para monitorear la evolución del bullying y ciberbullying en toda la provincia.

Para los establecimientos que incumplan, se prevén desde apercibimientos y medidas administrativas (en el sector público) hasta multas e intervenciones (en el sector privado).

Ambas legisladoras coinciden en que el sistema actual suele castigar a quien sufre el acoso. Por ello, las nuevas leyes prohíben explícitamente el traslado de la víctima como "solución" al problema y establecen la asistencia psicológica obligatoria y sostenida.  Además, se incorpora una cláusula clave: la posibilidad de reclamar responsabilidades sin límite de tiempo cuando los afectados sean niños, niñas o adolescentes, garantizando que el daño no prescriba rápidamente.