La causa que investiga el uso de un avión privado por parte de Manuel Adorni, vocero presidencial, sumó un testimonio que reconfigura el expediente. Ante el juez Ariel Lijo, en Comodoro Py, la secretaria del piloto aportó detalles operativos y financieros que ponen en duda la transparencia del viaje a Punta del Este.
Se trata de Vanessa Tosi, empleada de la firma aérea, quien reconstruyó cómo se gestionó el vuelo desde el primer contacto. Según declaró, fue Marcelo Grandío quien solicitó la cotización inicial con el argumento de invitar a una familia, aunque luego supo que los pasajeros eran allegados a Manuel Adorni. Ese cambio de versión es uno de los primeros puntos que la Justicia observa con atención.

El dato más sensible surgió en torno a la facturación. De acuerdo al testimonio, Marcelo Grandío pidió inicialmente evitar la emisión de factura, para luego acordar que solo se registrara el tramo de ida. Los chats presentados indican que la facturación debía hacerse a nombre de una firma privada, mientras que el regreso —que volvía vacío— debía ser “compensado” con la venta de asientos a terceros. La operatoria, aunque no ilegal en sí misma, abre interrogantes sobre la trazabilidad del dinero.

En ese esquema, Vanessa Tosi logró vender tres pasajes, lo que permitió reducir el costo del vuelo a unos 3.000 dólares. Sin embargo, el método de pago volvió a encender alertas: la secretaria relató que un intermediario coordinó la entrega de un sobre con dinero en efectivo, sin registros bancarios. En expedientes de este tipo, la combinación de facturación parcial y pagos informales suele ser un indicador que la Justicia analiza como posible intento de ocultamiento.

El episodio sumó un condimento adicional durante la propia declaración. La testigo aseguró que recibió llamados y mensajes de Marcelo Grandío mientras prestaba testimonio, lo que interpretó como una presión indirecta. No respondió. Además, aportó una carta documento en la que el entorno del periodista desconocía una factura ya emitida, lo que evidencia tensiones internas en la versión de los involucrados.
El testimonio se suma a la declaración del piloto, quien admitió haber comprado un paquete de vuelos a una empresa privada, uno de los cuales terminó siendo utilizado por el entorno de Manuel Adorni. Ese dato refuerza la hipótesis de una intermediación que no termina de quedar clara en los papeles.
Ahora, el foco del juzgado está en determinar quién pagó realmente el vuelo y bajo qué condiciones. No es un detalle menor: si se comprueba que un tercero financió el traslado personal de un funcionario, el caso podría escalar hacia una figura de dádivas. En un gobierno que hizo de la austeridad un eje discursivo, el episodio expone una contradicción que ya no es solo política, sino también judicial.