El fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York por el caso YPF reactivó el debate político local y encontró una rápida reacción del kirchnerismo. El diputado Máximo Kirchner presentó en la Cámara de Diputados un proyecto para ratificar la validez de la expropiación de 2012 y celebrar el revés judicial contra el fondo Burford Capital.
En la iniciativa, el legislador sostuvo que la recuperación del 51% de la petrolera constituyó un acto de soberanía y defendió la estrategia judicial del Estado argentino. Según planteó, el fallo representa “la victoria de la legalidad nacional” frente a lo que definió como una maniobra de especulación financiera que buscaba condicionar al país con una indemnización millonaria.
El texto también apunta a reforzar un argumento central del kirchnerismo: que el estatuto de una empresa privada no puede imponerse sobre la Constitución Nacional. En ese sentido, Máximo Kirchner destacó que la decisión judicial reconoce que los actos soberanos del Congreso no pueden ser subordinados a tribunales extranjeros, una línea discursiva que conecta con el eje histórico de “soberanía energética”.
Pero el proyecto no se limita a celebrar el fallo. También reabre la discusión política sobre decisiones pasadas. El diputado contrastó la estrategia actual con lo ocurrido en 2016 durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando la Argentina acordó con los holdouts. Según planteó, mientras en el caso YPF se agotaron las instancias judiciales, en aquel momento se optó por un cierre rápido para recuperar acceso a los mercados.
Esa comparación vuelve a poner en evidencia una grieta persistente: para el kirchnerismo, resistir en tribunales es una política de Estado; para otros sectores, el costo de esa estrategia puede terminar siendo mayor. El fallo reciente le da aire a la primera postura, pero no clausura el debate de fondo.
El posicionamiento de Máximo Kirchner también deja una ironía política en el escenario actual. Parte del oficialismo celebra un fallo favorable en una causa originada por una expropiación que, en su momento, fue cuestionada por varios de sus propios aliados actuales.
En ese marco, el proyecto busca consolidar una narrativa: la de una decisión soberana que resistió en el tiempo y terminó validada en tribunales internacionales. Sin embargo, la discusión sobre YPF sigue abierta, no solo por sus implicancias económicas, sino porque expone, una vez más, cómo cambian las posiciones políticas según el lugar que cada dirigente ocupa en el poder.