Dos piezas clave del armado libertario: Manuel Adorni y José Luis Espert quedaron en el centro de la polémica luego de que ambos recurrieran a una defensa prácticamente idéntica frente a distintos cuestionamientos públicos: “no tengo nada que esconder”. La frase, repetida por ambos dirigentes en contextos diferentes, fue interpretada por sectores políticos y mediáticos como parte de una estrategia discursiva común del oficialismo frente a denuncias o sospechas que los involucran.
Las similitudes en las respuestas reavivaron el debate sobre la forma en que figuras cercanas al gobierno de Javier Milei reaccionan ante acusaciones o investigaciones. En ambos casos, los cuestionados buscaron desactivar las críticas insistiendo en que sus acciones se encuentran dentro de la legalidad y atribuyendo las denuncias a operaciones políticas o mediáticas destinadas a desgastar a la administración libertaria, pero solo quedaron en palabras y no ofrecieron pruebas.
En el caso de Adorni, los cuestionamientos surgieron tras una serie de revelaciones vinculadas con su patrimonio y algunos viajes privados que despertaron dudas sobre su financiamiento. El funcionario respondió públicamente –bastante nervioso- afirmando que su situación patrimonial está debidamente justificada y rechazó las sospechas, insistiendo en que no tiene “nada que ocultar”. Espert, por su parte, utilizó un argumento similar frente a las críticas que le llovieron cuando fue acusado de estar financiado por el narcotráfico. El exdiputado también apeló a la idea de transparencia personal y a la denuncia de supuestas campañas de desprestigio.
La inocultable similitud entre ambas defensas hace suponer la existencia de una estrategia tomada de un “manual de defensa” repetido dentro del espacio libertario. Las coincidencias discursivas entre ambos dirigentes alimentaron el debate político en torno a la comunicación del oficialismo y una pregunta que se hacen puertas adentro: ¿Es la manera correcta de defenderse?
La causa judicial que involucra al economista y exdiputado continúa abierta en la Justicia federal de San Isidro, donde se investiga un presunto caso de lavado de dinero vinculado a transferencias y aportes recibidos durante y después de su campaña presidencial de 2019. En el expediente se analizan operaciones financieras y una transferencia de unos 200.000 dólares proveniente de empresas relacionadas con el empresario Federico “Fred” Machado, investigado por narcotráfico en Estados Unidos.

En ese marco, el juez dispuso medidas cautelares como la inhibición de bienes de Espert, su esposa y allegados, mientras la fiscalía continúa reuniendo pruebas sobre el origen de los fondos y posibles movimientos patrimoniales sospechosos, por lo que el dirigente todavía no tiene una imputación definitiva ni una resolución judicial de fondo.